El acuerdo internacional en defensa del medio ambiente, suscrito por los países latinoamericanos y del Caribe, entró en vigor el 22 de abril del año en curso, en coincidencia con la celebración del Día de la Tierra. Se denomina Acuerdo de Escazú y se lo califica como uno de los más importantes suscritos en la región porque tiene que ver directamente con la conservación de nuestro planeta, vale decir, va al encuentro de los graves peligros que atentan contra su existencia.
El tratado fue firmado por Argentina, Antigua-Bermuda, Belice, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente-Granadinas, Saint Kits-Nevis, Uruguay, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana, Santa Lucía, San Cristóbal-Nieves. Lo pusieron en vigor los 12 países nombrados en primer término, cumpliendo de esta manera lo dispuesto para su entrada en vigor, que es la previa ratificación de por lo menos 11 de los estados suscriptores.
Este acuerdo tuvo la particularidad de contar con la participación de la sociedad civil a través de su intervención directa en las sesiones de negociación o a través del seguimiento de las transmisiones y/o revisión de los textos. Asimismo, es necesario anotar que es el primer tratado internacional que norma sobre protección a defensores del medio ambiente.
Se firmó en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, de forma abierta a la participación de los 33 países que conforman Latinoamérica y el Caribe. Consta de 27 artículos relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Sus objetivos más importantes son: los derechos ciudadanos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones sobre el medio ambiente, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y gozar de la debida protección para que la sociedad pueda vivir en un clima sano y con desarrollo sostenible. Es el único acuerdo vinculante con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, lo cual obliga a su cumplimiento obligatorio por parte de los países que lo ratifiquen.
Como principios del tratado son resaltados: la igualdad, la no discriminación, la transparencia, la progresividad, el principio precautorio, la equidad y la soberanía nacional sobre los recursos naturales.
En cuanto a las principales medidas que se exige a las partes para la implementación del acuerdo, son mencionadas las siguientes: proporcionar información oportuna y accesible hasta para los grupos más vulnerables (pueblos indígenas en peligro de perder su hábitat); buscar la participación ciudadana desde las etapas iniciales del proceso; crear acceso indiscriminado a la justicia frente a hechos que afecten al medio ambiente y a los derechos humanos; establecer jurisprudencia y protección legal para las personas que abogan por el medio ambiente; generar un clima propicio para el desarrollo de las actividades ambientales; poner a disposición de los países asociados estudios científicos, técnicos y tecnológicos medioambientales; y cooperar con los países miembros en la ejecución del acuerdo.
Se confirmó como autoridad máxima del tratado a la Conferencia de las Partes, que estará compuesta por representantes de los países miembros. Ésta asumirá sus decisiones por consenso y tendrá a su cargo funciones como ser: elaborar, para su aprobación, protocolos y enmiendas al Acuerdo, establecer las directrices más pertinentes para el movimiento de los recursos financieros y no financieros, adoptar las medidas que correspondan para el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo.
Asimismo, se decidió que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dependiente de las Naciones Unidas, ejerza las funciones de Secretaría del Acuerdo, con funciones como las siguientes: elaborar, si procede, protocolos al Acuerdo para su posterior firma y aprobación; formular recomendaciones a las partes para mejor implementación del acuerdo; examinar y presentar propuestas de enmienda al tratado si así se requiere; realizar cualquier otra función que le sea encomendada por las partes.
De otro lado, se ha establecido la creación de un Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento para poner en funcionamiento y apoyar a las partes en la ejecución del acuerdo. Este Comité será parte de la Secretaría. Sus reglas de composición y funcionamiento serán establecidas por la Conferencia de las Partes en su primera reunión.
En previsión de cualquier controversia, el tratado señala que ésta podrá ser solucionada mediante un arbitraje, con los procedimientos que la Conferencia de las Partes establezca.
El escenario inicial para la implementación del acuerdo es la primera reunión de la Conferencia de las Partes, la cual deberá ser convocada por la CEPAL en su calidad de Secretaría, en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del acuerdo. Allí los países deberán deliberar y aprobar las reglas de procedimiento y las disposiciones financieras para el buen funcionamiento del tratado; asimismo, se supone que dicha Conferencia establecerá grupos de trabajo que sean requeridos para mejor ejecución del convenio. Quedó establecido que los únicos países que cuenten con voto serán los que ratificaron el compromiso. Los demás de la región solo participarán en calidad de observadores, pero podrán asumir su membresía en el momento que así lo dispongan.
En el país, la entidad que tiene la responsabilidad de poner en funcionamiento el acuerdo es el Tribunal Agroambiental de Bolivia, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y el respaldo de los Ministerios de Medio Ambiente y Agua y de Justicia y Transparencia Institucional.
Sin duda alguna, hay unanimidad en señalar la importancia que tiene este acuerdo, sobre todo tomando en cuenta las conclusiones de muchos estudios en sentido de la urgencia de adoptar y cumplir medidas como las convenidas en el Acuerdo de Escazú. Uno de ellos es el efectuado por el Foro Económico Mundial, el mismo que resume algunos de los problemas que soporta nuestro planeta: “En el mundo … el ritmo del daño ecológico que se produce actualmente es entre decenas y cientos de veces superior a la media de los últimos diez millones de años; se ha aniquilado el 83% de los mamíferos silvestres, la mitad de las plantas y se ha alterado gravemente las tres cuartas partes de las tierras libres de hielo y dos tercios de los ambientes marinos, Un millón de especies están en peligro de extinción en las próximas décadas” (fuente: “Aumento del riesgo de la naturaleza” – “Foro Económico Mundial (Foro de Davos).
Edgar D. Ergueta Avila, Consultor Internacional.