ALP debe ser un contrapeso que fiscalice al Órgano Judicial

La fiscalización a Magistrados logrará transparentar su labor, desde fallos hasta la forma de administración de recursos económicos asignados al Órgano Judicial.
A tiempo de puntualizar que desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se debe hacer seguimiento e investigación no solo de fallos ilegales, sino de diferentes denuncias por contratos, nepotismo y manejo económico irregular en el Órgano Judicial, los diputados Marcelo Pedrazas y Miguel Roca, señalaron que el Parlamento debe constituirse en un “contrapeso político” que fiscalice el trabajo de Magistrados en la administración de la justicia.
La semana pasada, tras formalizar una solicitud para la conformación de una comisión especial legislativa que investigue la gestión de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental entre los años 2018 al 2023, por presunta corrupción e irregularidades cometidas en ese período, Pedrazas explicó que de esta manera se generará una forma de contrapeso político muy necesario en el país.
Aseguró que con la fiscalización a Magistrados se logrará transparentar su labor, desde los fallos emitidos durante su gestión, hasta la forma de administración de los recursos que manejaron en la partida presupuestaria asignada cada año al Órgano Judicial.
Por su parte, Roca agregó que el Órgano Judicial, en complicidad con el Ejecutivo, pretende descabezar al Legislativo y los magistrados argumentan que no pueden ser fiscalizados convirtiéndose en una especie de “corte celestial” que ahora ejerce funciones de forma ilegal.
La iniciativa plantea abordar el período comprendido entre el 3 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023, y el informe resultante podrá derivar en un juicio de responsabilidades. Pedrazas aclaró que no se tomará en cuenta el tiempo que los magistrados ejercen de forma “autoprorrogada”, porque aquello implica delitos ordinarios, como ciudadanos comunes, cuya investigación corresponde al Ministerio Público.
Asimismo, la investigación apuntará a las denuncias sobre presunta corrupción, nepotismo, contratos irregulares, manejo administrativo financiero y otros temas que hacen al trabajo que desarrollaron los magistrados en sus seis años de mandato.
La atribución de la Asamblea Legislativa se sustenta en el artículo 158 y 17 de la Constitución Política del Estado (CPE) que cita: “17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas”, y en su otro numeral “19. Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes”.
La nota dirigida a Presidencia de la Cámara de Diputados fue firmada por los diputados Pedrazas, Rocas, además de María René Álvarez, Sebastián Divico y Alejandra Camargo.
También se exhortó a los legisladores de las alas “evista y arcista”, a sumarse al pedido para devolver las atribuciones de fiscalización al Órgano Legislativo.