Gobierno no quiere redistribuir recursos económicos a regiones

Oficialismo afirma que se despolitizará del proceso censal.
El jefe de bancada por Comunidad Ciudadana (CC) en diputados, Carlos Alarcón, lamentó los resultados de la reunión entre alcaldes y el Órgano Ejecutivo por no haberse definido la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda para el año 2023 afirmando que se trata de una estrategia del Gobierno para evitar tratar el tema de la nueva redistribución económica.
El parlamentario de oposición sostuvo que el encuentro de alcaldes con el Jefe de Estado no aportó en la definición del 2023 como el año en que se ejecute esta medición de carácter nacional.
Para Alarcón, la reunión solo logró posicionar la versión oficialista de que el Censo es una actividad netamente técnica cuando la decisión de llevarlo adelante y las posteriores determinaciones en base a los datos que se recopilen con esta medición responden a decisiones políticas.
“Les ha hecho creer a los alcaldes que este es un tema técnico y que son los técnicos los que van a decidir estos temas que obviamente son una actividad política fundamental”, dijo.
Lamentó además que las autoridades municipales de las principales ciudades del país no hayan logrado expresar los pedidos de la población para hacer que la fecha del Censo se defina para la siguiente gestión y no hasta el 2024 como determinó el Gobierno recientemente. Afirmó que algunas de estas autoridades acudieron a la reunión, presionadas por los procesos que se siguen en su contra.
“Los alcaldes que podían haber representado de manera sólida el clamor ciudadano de sus regiones para hacer el Censo el 2023 para ese mismo año redistribuir recursos económicos, tienen procesos penales con el nuevo zar de la justicia, Iván Lima (Ministro de Justicia). Los tienen amedrentados y están en condición de vulnerabilidad cuando van a estas reuniones ante los procesos en su contra”, indicó.
Por lo referido, el legislador de CC sostuvo que existen intereses del poder en evitar tratar el tema de la redistribución económica en favor de las regiones y otras medidas que se deben asumir a partir de los datos que arroje la encuesta nacional.
“El Censo es el disparador de la redistribución de recursos económicos del nivel central del Gobierno hacia todos los niveles subcentrales, incluidas las universidades públicas. Este tema no es un problema entre los departamentos que tienen mayor población o mayor crecimiento económico, es un tema de que el Gobierno nacional no quiere redistribuir los recursos hacia las regiones para seguir acaparando”, indicó.
Por ello, cuestionó que se intente continuar en la línea de centralizar la administración de recursos y de esta forma seguir “dilapidando y derrochado” en obras faraónicas y gastos innecesarios de publicidad gubernamental, como ya ocurrió en los 14 años de Morales en el poder.
A ello se suma un incumplimiento a lo estipulado en la Constitución, por no cumplir e interferir en el avance del proceso de consolidación de las autonomías departamentales.
“No le da la gana al gobierno de Luis Arce de hacer esta redistribución económica para que se cumpla el mandato de la Constitución, de tener autonomías de verdad. Un verdadero Estado autonómico que hoy en día solo está en el papel de la CPE pero no en la realidad de la vida política”, aseguró Alarcón.
Desde la agrupación Creemos, el diputado Andrés Romero, sostuvo que la reunión entre el presidente Luis Arce y los alcaldes de las diez principales ciudades del país, solo sirvió para que el Gobierno legitime “una decisión autoritaria” de que el Censo se realice en 2024 y no así en 2023, como demanda la población.
“El Gobierno ha utilizado una vez más a los alcaldes. Los alcaldes han servido de tontos útiles para legitimar la decisión gubernamental. Los reúne a todos los alcaldes y les dice van a tomar la decisión que yo ya he tomado. Tontos útiles absolutamente todos los alcaldes”, afirmó.
En criterio de Romero, el Gobierno “metió miedo” a los alcaldes porque les dijo que quienes lideran las movilizaciones pretenden ser nuevos candidatos y quitarles protagonismo.
“Ha reunido a los alcaldes para decirles: el rector va ser tu próximo rival, no lo haga crecer al cívico que va a ser tu próximo rival, le han metido miedo a los alcaldes, han hablado de la despolitización de un movimiento ciudadano de una legítima demanda que pide que se realice el censo en 2023”, dijo.
Desde el oficialismo, el diputado Ányelo Céspedes, destacó el diálogo entablado por el Gobierno a lo largo de las últimas semanas, con gobernadores, rectores de universidades y alcaldes de ciudades capitales, como acciones que posibilitarán llevar adelante un Censo técnico y no político. En esa línea, pidió a comités cívicos y sectores de oposición, no obstaculizar más este proceso.
El miércoles, tras la reunión sostenida entre el presidente del Estado, Luis Arce Catacora y los alcaldes de las nueve ciudades capitales, más El Alto, se acordó la conformación de una Comisión Técnica encargada de socializar aspectos técnicos del Censo Nacional de Población y Vivienda, para de esta forma “despolitizar” esta medición nacional.
“El mayor acuerdo que se tiene es trabajar en una línea de despolitización del proceso censal para que este recupere su esencia mayor que es un proceso absolutamente técnico”, sostuvo el vocero presidencial, Jorge Richter, en conferencia de prensa.