sábado, mayo 18, 2024
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Advierten doble intensión

Propuesta para reforma de la CPE busca demorar más la preselección

> Una modificación parcial de la Constitución sería suficiente para solucionar este tema, sin embargo, se deben analizar las intenciones detrás de este planteamiento en la actual coyuntura. > Advierten que la posibilidad de aplicar una reforma parcial a la CPE, en este u otro aspecto, no será posible sin un “gran consenso político” previo.

Luego de plantearse la posibilidad de modificar la Constitución Política del Estado (CPE) para ajustar los procedimientos de las elecciones judiciales, la senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, advirtió que esta propuesta puede tratarse de una maniobra para prolongar, aún más, el estancamiento en el actual proceso.
La asambleísta representante del departamento de Chuquisaca recordó que en 2011 este tema ya fue analizado, luego que ella misma planteara la necesidad de reformar parcialmente la Constitución en el tema de la elección de altas autoridades del Órgano Legislativo.
Señaló que, en su momento, una de las principales observaciones tenía que ver con el verdadero sentido de una elección popular, cuando los candidatos pasan por un proceso previo de preselección, hecho que no puede considerarse como un proceso eleccionario como tal.
“Si se hace un análisis de cómo se han hecho las elecciones de 2011 y de 2017, el ciudadano solamente ha elegido, por lo que la Asamblea Legislativa ha seleccionado previamente, entonces, una elección (judicial) real nunca ha habido en Bolivia”, sostuvo.
En criterio de la asambleísta nacional, sería suficiente una “simple” modificación parcial de la Constitución para solucionar este tema, sin embargo, se deben analizar las intenciones detrás de este planteamiento en la actual coyuntura.
“Nosotros podríamos modificar esta situación. El anuncio puede tener una buena intención, pero también puede haber un trasfondo para demorar más el proceso de elecciones y convencer al ciudadano que en esta gestión legislativa, que termina el 2025, podamos cambiar la Constitución”, dijo.
Salame advirtió que la posibilidad de aplicar una reforma parcial a la CPE, en este u otro aspecto, no será posible sin un “gran consenso político” previo y que en caso de lograrse este acuerdo, el debate debería centrarse en la forma de elección, la composición de los tribunales y la participación del resto de Órganos del Estado en este proceso.
Agregó que una posible modificación al texto constitucional es un tema que debe ser trabajado con mucho detenimiento, aunque lo más probable es que en el presente período constitucional solo se alcance a elaborar un “proyecto de necesidad de modificación a la Constitución”, que es el paso inicial para encaminar una reforma a la CPE.
El lunes, durante la presentación de la agenda de actividades del Bicentenario en la ciudad de Sucre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, planteó la posibilidad de debatir la aplicación de una reforma a la Constitución para que las elecciones judiciales continúen o no por voto popular.
“La población, si acaso ve en las elecciones judiciales demasiada dificultad política por la extrema politización con miras a las elecciones presidenciales, plantee y debata una reforma constitucional para que sea la población la que decida si continúa el voto popular o acaso se dé el mecanismo empleado por los diferentes países para la designación de altas autoridades judiciales”, manifestó la autoridad.
Para la senadora Salame, los criterios que provienen de Jaimes y otros “autoprorrogados”, no pueden ser considerados como planteamientos emitidos por Magistrados o Jueces, sino de un grupo de “usurpadores de funciones”.
El pasado 30 de abril, la Sala Constitucional Primera de Cobija, determinó dar curso a un recurso de Acción Popular, planteado por la supuesta vulneración de derechos referentes a mujeres pertenecientes a pueblos indígenas, originarios, campesinos, con lo que se dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales, llevado adelante en la Asamblea Legislativa, declarando además la “inaplicabilidad” de la Ley 1549 y su reglamento.
La semana pasada, las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural elaboraron sus informes con relación al estado de la preselección previo a esta paralización y plantearon que sea el pleno de la ALP la instancia que decida el destino de los comicios judiciales. Asimismo, la bancada del MAS anunció haber solicitado al TCP una medida cautelar que garantice continuar con este proceso, paralizado en su fase de evaluación oral y escrita.

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