La bancada de Creemos en Diputados presentó cuatro peticiones de informe de los movimientos económicos y las denuncias sobre el exdirector nacional antidroga Maximiliano Dávila, antes de su aprehensión por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Las peticiones de informe escrito están dirigidas al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro; al fiscal general de Estado, Juan Lanchipa; y al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, donde se les solicita registro documentado sobre el patrimonio sin justificativo de Dávila, los reportes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) así como el registro cronológico sobre los cargos que ocupó como funcionario de la Policía Boliviana.
Los diputados de oposición exigen conocer los sustentos legales del presunto delito de ganancias ilícitas por el que Dávila fue aprehendido el pasado 22 de enero, cerca de la frontera con Argentina, siendo que el móvil de su captura tiene que ver con sus nexos con la red de narcotráfico de la que es parte Oscar Rojas Echeverría, investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y apresado en Colombia.
La bancada de Creemos en la Cámara Baja, también manifestó su preocupación por la oferta de recompensa de $us 5 millones por el Departamento de Estado de Estados Unidos, mediante el Programa de Recompensas Antinarcóticos (NRP), a cambio de información que conduzca a Dávila a condena por una corte judicial de Estados Unidos por el delito vinculado al tráfico ilegal de drogas.
Entretanto, la petición de informe dirigida al fiscal general del Estado exige conocer desde que año se dio inicio a las investigaciones que vinculan a Maximiliano Dávila con el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
Frente a las presuntas ilegalidades atribuidas al exjefe nacional antidrogas, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá informar a los fiscalizadores sobre los reportes financieros de Dávila que dieron inicio a sospechas de presunta comisión de ganancias ilícitas.
Según las investigaciones de la DEA, el exdirector de lucha contra las drogas en Bolivia estuvo involucrado en narcotráfico y lavado de dinero, presumiblemente, utilizando su alto cargo policial con fines ilícitos.