El Informe de Derechos Humanos 2023 del Departamento de Estado de Estados Unidos, subraya como “asuntos relevantes” los reportes de tortura, tratos denigrantes y detenciones arbitrarias en Bolivia, así como la falta de independencia de la justicia, atentados a la libertad de expresión, corrupción gubernamental y violencia doméstica generalizada.
En el informe publicado ayer por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado norteamericano, concluyó que no hubo “cambios significativos” en la situación de los derechos humanos en Bolivia durante el 2023.
El informe señala que, pese a que la Constitución Política del Estado (CPE) prohíbe toda forma de tortura, coerción y violencia física o emocional, hubo reportes de que funcionarios del Gobierno las ejercieron.
El documento sostiene que “organizaciones no gubernamentales (ONG) reportaron que las investigaciones policiales se basaron fundamentalmente en la tortura para procurar información y obtener confesiones. La mayoría de abusos habrían ocurrido mientras los oficiales trasladaban a los detenidos a instalaciones policiales o durante su detención”.
También se destaca la impunidad policial como un problema que es consecuencia de la corrupción y politización del sistema judicial. “Los mecanismos para investigar abusos raramente fueron empleados. Frecuentemente, las investigaciones no fueron completadas debido a sobornos por parte de los sujetos investigados”.
Se hace mención a la familia de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena fallecido en 2022 tras siete años de detención, la cual denunció torturas y humillaciones durante su encarcelamiento. Aunque se evidenció estos hechos por parte de funcionarios del Movimiento al Socialismo (MAS), no hubo detenidos ni procesados por este caso.
TORTURA Y CÁRCELES
Respecto a las cárceles y condiciones de recintos penitenciarios, EEUU observó que la sobrepoblación y falta de servicios médicos apropiados derivaron en condiciones de vida “duras” y “potencialmente mortales” para los privados de libertad. Identificó que la violencia, por otra parte, es “permisiva” por la inadecuada seguridad carcelaria.
Citando a Régimen Penitenciario, destacó que las instalaciones carcelarias albergaron a más del 200% de su capacidad, con dos tercios de los reclusos bajo detención preventiva.
“Un médico atendió a los reclusos en cada prisión dos veces al mes. La dermatitis y la tuberculosis prevalecieron debido a dormitorios estrechos y falta de medicamentos”, señala, junto con el hecho de que existen menores de seis años que viven con madres encarceladas pese a condiciones inseguras.
Asimismo, recalcó que “los abusos perpetrados por funcionarios penitenciarios incluyeron intimidación sistemática, violación, maltrato psicológico, extorsión, tortura, trata sexual y amenazas de muerte. (…) Las reclusas sufrieron acoso y agresión sexual de manera regular y algunas se vieron forzadas a pagar tarifas de extorsión para no ser abusadas”.
El informe precisó que “el Gobierno no permitió que periodistas, oenegés y líderes religiosos visiten a prisioneros de alta visibilidad” como el gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho, o la expresidenta interina, Jeanine Añez”.
ARBITRARIEDAD EN DETENCIONES
Respecto a la prohibición del arresto y las detenciones arbitrarias, el Departamento de Estado de EEUU remarcó que organizaciones internacionales observaron varios casos movilizados políticamente por el Gobierno, dando como resultado arrestos arbitrarios en contra de opositores y miembros del gobierno anterior, además de arrestos y detenciones sin el debido proceso.
Identificó además a la detención preventiva como un problema que se habría convertido en “la regla en vez de la excepción”. Entre las causas para la demora de justicia, señala procedimientos legales complejos, ineficiencia judicial, corrupción e injerencia del Gobierno, escasez de defensores públicos y mecanismos inadecuados de seguimiento de casos.
Se hace notar igualmente que por ley nadie puede estar detenido más de 18 meses sin cargos formales. Si ese tiempo excede y la Fiscalía no presenta cargos, el detenido puede pedir su libertad. “Las fases de investigación y de juicio de un caso no pueden exceder los 36 meses combinados. La ley permite una prórroga del juicio si los retrasos se deben a la defensa”, explica.
Citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el informe señaló los casos de Añez y Camacho como ejemplos de los “problemas estructurales” en la administración de justicia y su politización. Haciendo mención al caso del exdirector de Migración, Marcel Rivas, los observadores hicieron notar que habría un “claro patrón” de enjuiciar o citar a comparecer a líderes de oposición poco después de criticar abiertamente al Gobierno.
Mencionando a otro informe de Human Rights Watch (HRW), se reiteró que los argumentos para detener preventivamente a Camacho fueron “muy frágiles”, mientras que el proceso penal ordinario en contra de Añez habría estado “imprecisamente fundado” en cargos de terrorismo, sedición y conspiración.
“El (Órgano) Judicial también fue objeto de múltiples acusaciones de corrupción. Aunque, en general, las autoridades respetaron las órdenes judiciales, muchas veces presionaron a los jueces para que cambiaran los veredictos”. Según los datos del Departamento, hubo más de 300 presos políticos hasta noviembre de 2023, pese a que el Gobierno negó que existan presos políticos.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHOS CIVILES
El informe también manifestó que varios medios de comunicación reportaron intimidación y presión gubernamental, a través de la retención de publicidad estatal y la imposición de altos impuestos.
En tal sentido, recordó los ataques cibernéticos de “guerreros digitales” afines al Gobierno masista contra medios independientes, citando como ejemplos el hackeo (piratería) de la página web de la red Erbol el 12 de febrero, o el cierre del diario Página Siete por “agobiantes” problemas financieros y presión del Gobierno, ambos hechos ocurridos el año pasado.
De acuerdo con informes reportados a esta entidad del estado norteamericano, se encontró dos millones de cuentas falsas direccionadas a acosar y atacar a individuos o medios que parecían ser “antigobierno”.
Se destacó también los ataques y agresiones físicas a periodistas, además de las reiteradas denuncias de incremento de acoso, presión y abusos en contra de periodistas, citando nuevamente al caso Página Siete y al cierre de tres estaciones de radios yungueñas.
Finalmente, respecto a derechos de las mujeres y violencia doméstica, el informe señala que la ley que prohíbe este delito se cumplió muy rara vez. “La falta de capacitación sobre la ley, la lentitud de procesos judiciales, entre otros factores, obstaculizaron la implementación plena de la ley. (…) La corrupción, la falta de fiscales especializados y un sistema judicial disfuncional sin suficientes fondos, impidieron las condenas por feminicidio”, advirtió.
Se mencionó también la poca preocupación en cumplir disposiciones en favor de personas con discapacidad, en cuanto a acceso a la educación, empleo, servicios de salud, establecimientos públicos y transporte. “Raramente hubo acción del Gobierno para investigar, procesar y sancionar a los responsables de violencia en contra de personas discapacitadas”, se lee en el informe.