Bolivia registró 143 atentados a la libertad de prensa en 2023

Un total de 143 violaciones a la libertad de prensa fueron registradas en Bolivia el año pasado, lo que muestra que cada tres días hubo una violación a esta libertad, según el Observatorio de Defensores de Derechos de Unitas; los casos más recurrentes fueron agresiones físicas y psicológicas, amenazas, desprotección e impedimento a acceso de información hacia periodistas.
Estas 143 vulneraciones a la libertad de prensa se dividen en 30 casos de agresión física o psicológica contra periodistas, 28 amenazas o amedrentamientos, 23 incumplimientos al deber de protección de periodistas, 20 impedimentos de acceso a la información y 13 estigmatizaciones.
Asimismo, hubo siete ataques a medios de comunicación, siete incumplimientos al deber de investigación y sanción, seis actos de censura, cinco violaciones a la reserva de fuentes, dos casos de asignación discriminatoria de publicidad oficial, un caso de criminalización y otro de incumplimiento al debido proceso.
Los actores que más vulneran la libertad de prensa son, principalmente, la Policía Boliviana y grupos de personas, ambos protagonistas en 34 hechos. Le siguen autoridades del ejecutivo nacional, con 11 registros; cooperativas mineras, con 10; autoridades del Órgano Judicial, con 9 casos; y el Ministerio Público, con seis registros, entre otros.
El Observatorio de Defensores de Derechos precisa también que, de los 143 casos, 108 responden a ataques directos contra periodistas o trabajadores de la prensa, mientras que 35 fueron perpetuados contra medios de comunicación. Esto representa que un 75% de los casos refieren a periodistas agredidos directamente.
AGRESIONES A
PERIODISTAS
Las agresiones contra periodistas son la categoría con mayor cantidad de registros en 2023, con 30 casos. Destacan los casos de agresión policial a los periodistas, Miguel Ángel Rivero y Joel Orellana, ambos de Unitel, el 1 de enero de 2023, durante la cobertura de protestas por la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Otros dos casos similares se dieron en la gasificación contra dos mujeres periodistas: Helga Velasco de Cadena A y Carla Mercado de Unitel, en la cobertura de las manifestaciones del Magisterio Urbano de La Paz, el 17 de marzo de 2023, o la agresión directa de un policía al periodista Marco Antonio Torrez del canal F10, cuando fue filmado siendo aprehendido por protagonizar una balacera en Desaguadero, el pasado 2 de octubre.
Sin embargo, la violencia también fue perpetrada por personas no uniformadas. Ocho periodistas fueron agredidos por personas afines al Movimiento al Socialismo (MAS), cuando salieron a las calles de la ciudad de La Paz, para encarar y enfrentarse a un grupo de personas que exigían la libertad de los presos políticos, el 10 de enero del año pasado.
El 16 de junio de 2023, trabajadores de la cooperativa minera, La Luminosa de Oruro, atacaron y destruyeron los equipos de dos periodistas que fueron, junto a una delegación del municipio, a inspeccionar el Cerro San Pedro. El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro y otros gremios, se pronunciaron por la falta de investigación e identificación de los agresores.
AMENAZAS Y AMEDRENTAMIENTOS
Los periodistas y trabajadores de la prensa no están exentos de coacciones de personas particulares o individuos investidos de poder. El 16 de febrero de 2023, en Pando, personas ligadas al gobernador, Regis Germán Richter, denigraron y amenazaron por WhatsApp al periodista, Carmelo Cartagena.
En La Paz, el periodista, Sergio Mendoza, fue increpado por el jefe de seguridad del Banco Central de Bolivia (BCB) al hacer una cobertura de las filas por la compra de dólares, quien lo intimidó al exigirle “medirse como hombres” para interrumpir su trabajo.
Estas amenazas fueron más recurrentes entre el 6 y 7 de noviembre de 2023. Esos dos días, un total de diez trabajadores, entre los que había fotoperiodistas y un videasta, fueron amenazados por cooperativistas mineros que arribaron a la capital paceña para exigir demandas sectoriales.
Otro caso llamativo fue la amenaza proferida por gente ligada a la familia “Lima Lobo”, sindicada de casos de narcotráfico en Santa Cruz, en contra del periodista, Guider Arancibia, de El Deber.
El 26 de julio de 2023, una persona que se identificó como parte de esta familia llegó a instalaciones del periódico, buscando a Arancibia. Al no encontrarlo, lo llamó y amenazó con que “tenga mucho cuidado” y con iniciarle un proceso en la Fiscalía, luego de la publicación de una nota relacionada a una avioneta con droga que cayó en Argentina.
DESPROTECCIÓN
La Policía es el principal actor vulnerador al no cumplir con su rol de resguardo y seguridad a la labor que desempeñan los trabajadores de la prensa. Esto quedó en evidencia cuando la periodista de Red Uno, Ariana Antezana, y su camarógrafo, Abraham Pareja, fueron agredidos y vilipendiados por militantes masistas en el anterior congreso del partido azul, efectuado el pasado 4 de octubre en Lauca Ñ, Cochabamba.
En Potosí, el 26 de abril del mismo año, la periodista de Radio Kollasuyo, Iris Toro, fue agredida por vecinos de Villa Victoria y Villa Cantería que tomaron la Alcaldía de Potosí. El grupo de personas atacó a funcionarios municipales e impidió la labor de los periodistas que cubrían el hecho, en flagrante inacción de la Policía para evitar disturbios.
El 11 de julio, en medio del conflicto por la toma de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), se desplegó un operativo policial para resguardar esta infraestructura, el cual impidió a periodistas acercarse a la presidenta de la organización, Amparo Carvajal.
Los uniformados de la institución del orden incluso no brindaron protección cuando una turba de simpatizantes del MAS llegó a ese lugar para protestar en contra de la vigilia liderada por la octogenaria defensora de derechos. Un periodista, un camarógrafo y dos fotoperiodistas fueron agredidos y no pudieron continuar con su labor, a la vista de efectivos del orden. (EL DIARIO y agencias)