Control y vigilancia del comercio de Bitcoin

Hace unos días, la diputada masista Rosario García Onofre, pidió a la Cámara de Diputados reactivar el proyecto de ley 402-2022-2023 “Ley de regulación de criptoactivos y tecnología financiera” que fue presentado el 13 de junio de 2023. La crisis económica y la falta de la divisa norteamericana está provocando que más bolivianos opten por buscar y usar el dólar digital Tether (Usdt) y también Bitcoin (Btc).
La norma masista pretende regular y controlar todas las plataformas virtuales de tecnología blockchain, criptoactivos, exchanges (plataformas de intercambio), wallets (billeteras), etc., desde una posición estatista. Con esa normativa, Bolivia estuviera pasando de una postura de prohibición a una posición de control y vigilancia estatal rígida, burocrática, policiaca. Persecutoria que pondrá trabas y barreras a la inversión nacional y extranjera en dicho ecosistema criptográfico.
Es burocrática porque crea cuatro instituciones, no una, sino cuatro organismos que se ocuparán de la industria tecnológica, a saber: 1) Institución de Registro de Plataformas Virtuales y Traders Institucionales. 2) Institución de Control Fiscal de Criptoactivos y Tecnología Financiera. 3) Institución de Regulación de Criptoactivos y Tecnología Financiera. 4) Institución de Investigación de Nuevas Tecnologías Financieras. Se debe suponer que cada institución contará con sus propias normativas reglamentarias, requisitos, valorados, licencias, oficinas, directores, supervisores, asesores, secretarias, que presumimos tendrá presencia en todos los departamentos, ¿o no?, complicando y volviendo más difícil lo que fue construido para simplificar la vida del ser humano.
La visión de Satoshi Nakamoto, creador del Btc, pretendía la eliminación del tercero intermediario, de la burocracia, banquero, o toda barrera en la trasferencia de valor entre dos personas, apartar al Estado y la banca del dinero; con este tipo de leyes se encamina en dirección opuesta a los fines y objetivos de la libertad económica y filosofía del Bitcoin.
Las plataformas comerciales virtuales deben obtener la Licencia Tecnobo de la Institución de Registro de Plataformas Virtuales y Traders institucionales. No contar con esta licencia es una infracción gravísima. Estas plataformas deben informar de sus operaciones tanto a la Institución de Control Fiscal de Criptoactivos, como a la Institución de Regulación de Criptoactivos y Tecnología Financiera, aparte de brindar información también a la Institución de Control Fiscal de Criptoactivos para los datos tributarios. Después del infierno burocrático, entramos al infierno fiscal. Estas tres instituciones repiten funciones.
Uno puede pensar que estas normas sólo alcanzarán a las personas jurídicas, empresas grandes y transnacionales, pues no, cualquier persona que haga trading (comercio de criptoactivos con fines especulativos en el mercado) debe obtener Licencia de Autorización de Especulación con Criptoactivos de la Institución de Registro de Plataformas Virtuales y Traders Institucionales para poder trabajar de manera profesional en exchanges, bancos, fondos de inversión, plataformas virtuales, etc. Más requisitos, entre ellos tener título académico como Analista financiero de criptoactivos, como si esa carrera existiera en Bolivia y en el mundo. Estas personas son autodidactas, están en el mercado financiero cripto sin necesidad de entrar a la universidad. En ese caso, la ley ordena que deben dar un examen tomado por un burócrata. En caso de que una persona natural opere como trader institucional sin licencia, estará condenado a multas, incluso a privación de libertad. La ambigüedad de semejante ley en su art. 55 dice que las sanciones se regirán por la “sana crítica”.
Sin duda, esta ley provocará que los exchanges y plataformas virtuales no quieran invertir en Bolivia, de entrada, un mercado pequeño poco atractivo. Los traders y bitcoiners buscarán medios de evadir normas e impuestos, mantenerse en la informalidad por causa de la ley, apelando a la corrupción de funcionarios que tienen en sus manos la aprobación, retiro, actualización de licencias y permisos, convirtiendo nuestro país en poco competitivo con nuestros propios vecinos. Mientras otros pueblos, como el salvadoreño, han optado por hacer del Bitcoin una moneda de curso legal, liberando por quince años todo impuesto a la tecnología, enseñando en las escuelas y colegios el uso del primer Bitcoin, atrayendo a los criptomillonarios del mundo para que gasten sus satoshis en el turismo, paguen a meseros, camareras y taxistas de forma libre y voluntaria, eso es libertad económica.