lunes, abril 29, 2024
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Para garantizar comicios judiciales

Llaman a priorizar avance de la preselección judicial

Asegurando que no se puede forzar postulaciones para cumplir con criterios de equidad e inclusión, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, sostuvo que la falta de postulantes mujeres y representantes de pueblos indígenas no deben ser impedimentos para perjudicar el avance del proceso de preselección para las Elecciones Judiciales.

“Este debería ser un tema a definirse en la parte final del proceso, no podemos obligar a las mujeres a postular, los postulantes se presentan de manera voluntaria, por lo tanto ese cuadro de equidad de género y participación indígena-originaria claramente tiene que ser visto al final”, sostuvo Reyes.

El asambleísta de oposición expresó además sus cuestionamientos a las constantes observaciones emitidas por actores políticos para tratar de obstaculizar el avance de la preselección en la ALP, cuando esta convocatoria debería tratarse de una prioridad para todos.

“En este momento estamos en la necesidad más importante que es llevar adelante una Elección Judicial y este tipo de observaciones no deberían ser un impedimento para que se siga adelante con el proceso”, agregó.

Sobre los planteamientos para declarar desierta la actual convocatoria por el bajo porcentaje en la postulación de mujeres para determinadas cortes, Reyes insistió en que este tipo de falencias deben ser subsanadas en la parte final y no perjudicar la preselección. “No podemos obligar a los ciudadanos a postular, menos aun cuando se trata de la tercera vez que se lleva adelante, habrá que ver después cómo se cumple con el tema de los cupos”, sostuvo.

El artículo 42 del Reglamento para la preselección de candidatos estipula que la ALP preseleccionará para el TCP a cuatro postulantes por cada departamento, de los cuales el cincuenta por ciento deben ser mujeres y al menos una persona de origen indígena originario. En el caso del TSJ se debe preseleccionar a un número igual de hombres y mujeres por departamento, con al menos el 50% de mujeres y la inclusión de al menos una persona de origen indígena originario campesino.

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