Para reducir el déficit fiscal, que para la presente gestión será de 7,80% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), plantean aplicar un sistema de concesión de obras para el sector privado y el cierre de empresas del Estado, cuyo ahorro alcanzaría a más de 10% del presupuesto general.
La propuesta viene del economista Darío Monasterio, en un encuentro de Economistas, organizado por la Fundación Ciudad Humana, la semana pasada, en donde participaron Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, el analista José Luis Evia, Jaime Dunn, Omar Velasco y Alberto Bonadona.
Monasterio sostiene que ante el permanente déficit fiscal que registra la economía nacional desde hace más de 10 años, un sistema de concesiones de la inversión pública para reducir los gastos sería una alternativa muy viable.
Recientemente, en su informe de Política Monetaria del Banco Central de Bolivia (BCB) señala que desembolsó 1.879 millones de bolivianos en 2023, para los proyectos hidroeléctricos Miguillas, Ivirizu y para el Desarrollo Integral de la Salmuera del Salar de Uyuni Planta Industrial Fase III.
Asimismo, José Luis Evia así como Omar Velasco, por separado, coincidieron que se debe dar mayor protagonismo al sector privado, pero dejar que el Estado aplique las regulaciones que correspondan.
El planteamiento parte de las alianzas público privadas para avanzar en un sistema de concesiones para reducir los gastos, apuntó Monasterio e indicó que la propuesta recién se podría aplicar en 2025, ya que la presente gestión ya empezó.
Para el economista, el ahorro de miles de millones de bolivianos de la obra pública sería significativo, y no sólo participarían empresas de la construcción de Bolivia, sino también compañías internacionales, a través de los gobiernos departamentales y municipales.
Subvención
Ahora, otra medida, que es más complicada, pero tiene alternativas, es la eliminación de la subvención a los combustibles, y una medida interesante es la subasta de diésel, pero también existen otras, como la aplicación por cilindrada, señaló Monasterio.
La subvención a los combustibles tendrá un costo de un poco más de 1.500 millones de dólares para la presente gestión, que está en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024, y para la compra supera los 3.000 millones.
De acuerdo a las cifras presentadas por Monasterio, el planteamiento apunta a un ahorro en inversión pública de 25.484 millones de bolivianos y con el cierre de empresas públicas 6.517 millones, que suma un total de 32.001 millones.
El ahorro fiscal propuesto (en relación al PIB) sin tocar inversión en salud, educación, deportes, social, justicia y defensa, alcanzaría a un 10,84%, señala el economista a tiempo de asegurar que se puede reducir un 86% la inversión pública 2024, sin perder los resultados de inversión.
Reiteró que sólo eliminando (concesionando, privatizando o cerrando) las empresas públicas nacionales y descentralizadas, se lograría reducir el déficit fiscal de 7,80 del PIB, en 2,21%.
Recordó que para la presente gestión la inversión pública alcanza a 4.276 millones de dólares. Aseguró que se puede volver a un superávit, mediante la liberación irrestricta de las exportaciones, así como con la simplificación de trámites en las ventanillas.
Institucional
Pero antes de aplicar esa propuesta se debe fortalecer a las instituciones públicas, con el objetivo de que sean efectivas, debido a que la actual situación provoca incertidumbre en familias, empresas y en los hacedores de política pública.
Mencionó que en el largo plazo las instituciones definen el progreso en los países, pero también el fracaso.
“Si no se resuelve la crisis institucional ningún pacto gobierno-empresarios-trabajadores puede ser efectivo”, advirtió Monasterio.
Reducción
En reiteradas oportunidades el economista Gonzalo Chávez, a través de las redes sociales, planteó la reducción del Estado y el gasto, debido a que la situación crítica de la economía nacional fue provocada por el aparato estatal.
Ahora, la implementación de más industrias estatales también tendrá su efecto en la economía nacional, pero de manera negativa, pues aumenta el gasto estatal para generar fuentes de trabajo para su militancia. En su momento, autoridades del Gobierno indicaron que la propuesta gubernamental apuntaba a crear alrededor de 20.000 empleos.
Inflación
Mientras tanto, Romero sugirió medir la reducción del poder adquisitivo, la canasta familiar y que la generación de datos estadísticos sea regional, debido a que cada departamento tiene su característica.
El planteamiento obedece a la desconfianza de los indicadores que genera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que en su último informe dijo que febrero sólo registró una variación mensual positiva de 0,20% respecto a enero y la variación acumulada alcanzó a 0,28%, indicadores alejados de la realidad.
Romero dijo que hasta la Central Obrera Boliviana (COB) desconfía de los datos del INE al solicitar un incremento salarial por encima del 6%, siendo que el 2023 la inflación alcanzó sólo a 2,12%.
Finalmente, Velasco en su presentación sostuvo que en el tema de la industrialización y el comercio internacional, el sector privado debería ser el mayor protagonista.
A su turno, Bonadona se inclinó por mejorar la educación y dirigir más apoyo al sector del turismo, que puede ser una fuente importante de divisas para el país.
