Ni lo exculpo ni lo condeno, pero puedo imaginar que un hombre como Carlos Mesa —que, desde mi opinión, logró situarse en lo más destacado de la intelectualidad de fines del Siglo XX y principios del presente— está atravesando lo peor de sus días como hombre público (político), en buena medida por una caterva de arribistas que, de no ser por la figura del Premio Nacional de Periodismo 2012, nunca habrían accedido a los curules que hoy tienen en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Y no lo culpo ni lo absuelvo, sino todo lo contrario, porque no obstante que creo en su solvencia moral y en sus varias virtudes de hombre de principios humanísticos, su perfil al parecer no encaja en los escabrosos caminos de nuestra política. Y cuando uno se pone a pensar en la ideología que abraza, nos vemos ante una realidad que se disipa en medio del laberinto conceptual al que en general los políticos bolivianos nos han llevado: nunca, o al menos nunca en los últimos años, dejó clara su orientación en ese ámbito, lo cual podría haberle permitido mejores expectativas en sus aspiraciones presidenciales o a los electores descartarlo mucho más como alternativa de elección.
Me queda muy claro que existen diferencias inequívocamente cualitativas entre el libre pensamiento, incluso dentro de una organización política de cerrado credo doctrinario, y los inmorales tránsfugas que, desde la instauración de la democracia en 1982 hasta la fecha, se multiplicaron en el Parlamento boliviano, sobre todo desde la promulgación de la Ley de Organizaciones Políticas, cuyo Art. 38 (in fine) que encuadra exactamente las conductas de por lo menos veinte asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) en la tipificación de transfugio político; es decir, la figura más innoble de que el militante de un programa de gobierno o de una declaración de principios de inicio ya conocida, pueda valerse para desentenderse de una estructura que lo llevó a que, sin más esperanza que colgándose de la leva del candidato presidencial, termine ganando más de 22 mil bolivianos por mes.
No es una lectura simplona o irrespetuosa de lo que representa un legislador nacional, tratándose de asambleístas que traicionaron la disciplina y consecuencia políticas que debe imponerse en este campo. Los políticos, y concretamente los miembros del Parlamento que ciñen sus actos a la ética y fidelidad orgánica, claro que merecen otro tipo de análisis, y más que congratulatorio, de un cabal reconocimiento de su labor, porque están ahí, en el primer poder del Estado, para aportar desde criterios ideológicos comunes al partido que los cobija.
En el Congreso de 1982 ya hubo tránsfugas y los sucesivos periodos constitucionales no estuvieron exentos de esas criticables prácticas, pero la actual Asamblea no tiene precedentes en cuanto al éxodo de políticos que han mudado sus originales postulados. El caso del Movimiento Al Socialismo es distinto, pero no menos nefando, porque la división en dos fracciones de cualquier manera representa una incertidumbre respecto a la tenencia de la genuina conservación del proyecto político original, derivando en una absoluta negación del fin mayor (el interés nacional), supeditado al interés del poder por el poder.
Maquiavelo y Bismarck, entre otros, ya hablaron del arte de lo posible en cuanto a la política respecta; luego, no hay que demonizar el disenso y la discusión en las organizaciones políticas. Pero tampoco se puede santificar la subasta de principios, como ha ocurrido en CC. Así, la política se ha convertido en el “arte de lo imposible”, visto que, en una bancada, como la que era la principal opositora, tendría que hacérsela en función de lo que determina la realidad, sin poner de lado el interés nacional y no en torno a los deseos, que siempre superan de lejos lo que se puede concretar. A esa inconducta parlamentaria de casi la mitad de la bancada de CC, hay que añadir lo que en otro tiempo pretendía negar el diputado Miguel Roca ante un cuestionamiento expresado en otro medio periodístico por el autor de esta nota; esto es, la ineptitud de gran parte de sus legisladores, cuya nominación por quién sabe quién para su postulación a la ALP y en su mayoría sin ninguna selección atendible, más una combinación de lo generacional, regional y lo étnicamente diverso, ha pasado por alto cualquier mérito o virtud.
En la organización de Carlos Mesa, no son más de quince parlamentarios los que honran su condición de ser tales.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor.