La criminalidad en la región va en ascenso. Los homicidios, avasallamientos, robos, secuestros, narcotráfico y la trata de personas están a la orden del día en varios países Latinoamericanos. Centro América tiene las tasas más altas. En las últimas horas, Ecuador es epicentro de la violencia de grupos armados y Bolivia no es ajena a esta realidad, como indican varias opiniones. El Fondo Monetario Internacional sostiene que reducir la delincuencia impulsará el crecimiento económico.
La delincuencia y la violencia son desde hace mucho tiempo una de las principales preocupaciones de los hogares de América Latina y el Caribe. Casi la mitad de las víctimas de homicidio intencional de todo el mundo provienen de esta región, pese a que representan apenas el 8% de la población mundial, según datos de las Naciones Unidas.
La información corresponde a los investigadores del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rafael Machado Parente y Rodrigo Valdes, en su artículo América Latina: Reducir la delincuencia para estimular el crecimiento económico.
Ambos indican que reducir la delincuencia podría estimular considerablemente la inversión, la productividad y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en América Latina y el Caribe, que está alicaída por diferentes factores económicos.
Estudios realizados por investigadores bolivianos apuntan a la crisis económica y falta de empleo, el aumento de la criminalidad, como en la ciudad de El Alto, y en otras regiones del país.
Mientras los empresarios mencionan la falta de empleos formales promueve el comercio ilícito, como el contrabando, que en los últimos años se convirtió en una organización criminal, tal cual lo calificaron las Cámaras de industrias y comercios de la región.
Y lo último, que sucedió en el sur del país, el asesinato de militares por parte de personas ligadas al comercio ilegal, aunque las investigaciones continúan, pero las primeras indagaciones señalan a los contrabandistas.
El trabajo de José Antonio Valencia López titulado “La crisis económica factor de crecimiento de la criminalidad en la ciudad de El Alto”, de 2004, muestra paso a paso como la situación económica y de pobreza de la gente son factores que empujan a la población a la delincuencia.
El trabajo muestra la relación entre la crisis económica y el delito, la relación entre la criminalidad como consecuencia de la pobreza y su relación con el constante crecimiento de la población, en su mayoría migrante.
Los hechos registrados en 2003, así como en 2019 muestran una parte del problema en que se encuentran las familias vulnerables.
El autor del trabajo al final planteó políticas sociales y jurídicas para enfrentar el problema que consiste en la creación de empresas vecinales, utilizando los recursos de la participación popular que reciben las alcaldías, en este caso concreto se refiere a los recursos que recibe el municipio alteño, promoviendo que estos recursos económicos vayan en forma directa a crear fuentes de trabajo con las personas desempleadas, de tal modo que fortalecería el mantenimiento de la población económicamente activa.
Como se recordará, la Ley de Participación Popular implementada en el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) apuntaba a volver productivos los municipios y aumentar la generación de empleos, pero en el camino se olvidó del concepto, así como los comités de vigilancia.
Informe del FMI
La tasa de homicidio media de la región es 10 veces superior a la de otras economías de mercados emergentes y en desarrollo, el doble que la de África subsahariana. En la región, América Central sobresale como la subregión más violenta. La inseguridad también ha empeorado con el transcurso del tiempo, sobre todo en ciertas partes de la región. Por ejemplo, América Central y el Caribe han registrado aumentos anuales de las tasas de homicidio de aproximadamente 4% en las últimas dos décadas, señala la nota de Machado y Valdes.
Aseguran que la delincuencia incide de forma directa en la vida de millones de personas y genera enormes costos sociales. La interacción entre la actividad económica y la delincuencia es sutil, y por eso, determinar los efectos causales no es fácil. Un aumento de la actividad económica reducirá la delincuencia, pero una reducción de la delincuencia, a su vez, impulsará la actividad económica. Y estos dos factores se ven afectados por otros, como la solidez del Estado de Derecho.
Al respecto del tema, en Bolivia, en las últimas semanas del año pasado, se registraron avasallamientos de tierras privadas, y se agravó con robos, secuestro, extorsión y amenazas. Los afectados exigieron a las autoridades nacionales el respeto al Estado de Derecho y a las normas, así como a la propiedad privada.
«Impotencia, eso es lo que siento. La justicia está ‘podrida’ y las autoridades llamadas a garantizar la seguridad jurídica de la propiedad privada son las que filtran información de predios en proceso de saneamiento o titulación, que sufrieron recortes o que registran litigios agrarios a clanes y organizaciones afines al Gobierno. Apostamos por invertir para producir y garantizar la seguridad alimentaria, bregamos con la sequía, las heladas y ahora debemos enfrentar otro flagelo (toma de tierras), cuyos operadores extorsionan para dejar trabajar». Así, un agricultor de Pailón Sur, que pidió no ser identificado por temor a represalias, narró lo que vivió en «carne propia» cuando un grupo de hombres y mujeres, ingresaron por la fuerza a su fundo agropecuario, reportaba El Deber.
Crecimiento
“Nuestro estudio reciente muestra que el aumento de las tasas de homicidio frena considerablemente el crecimiento económico. En América Latina, se estima que un aumento del 30% en las tasas de homicidio (equivalente a una desviación estándar histórica) reduce el crecimiento en 0,14 puntos porcentuales. La investigación se basó en estudios previos del FMI sobre América Central, Panamá y la República Dominicana que usaban datos sobre deportaciones de delincuentes desde Estados Unidos, para así determinar el efecto causal de la delincuencia en la actividad económica”, señalan los autores del informe del FMI.
El estudio destaca diferentes canales a través de los cuales la inseguridad afecta el crecimiento económico. Según estimaciones, la delincuencia entorpece la acumulación de capital, posiblemente porque disuade a los inversionistas que temen al robo y la violencia, y merma la productividad, dado que tiende a desviar los recursos hacia inversiones menos productivas, como la seguridad de las viviendas.
Reducir la violencia puede generar enormes beneficios. De acuerdo con el estudio, reducir el nivel de delincuencia en América Latina al nivel del promedio mundial incrementaría el crecimiento económico anual de la región en 0,5 puntos porcentuales, lo que equivale a aproximadamente un tercio del crecimiento registrado en América Latina entre 2017 y 2019, sostienen los economistas del Fondo.
Racionalizar el
gasto en seguridad
Los gobiernos en América Latina ya están destinando una importante proporción de sus recursos al orden y la seguridad pública. No debe sorprender que el gasto sea mayor en los países con índices más altos de delincuencia; países como El Salvador y Jamaica ya gastan más de 2% de su PIB en este rubro, informan.
Este considerable gasto puede ser importante para mitigar y disuadir la delincuencia, pero también sugiere que la adopción de estrategias más eficaces podría liberar abundantes recursos para otras prioridades de gasto. La Plataforma de Evidencias en Seguridad y Justicia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un valioso recurso de base científica sobre la eficacia de las soluciones existentes de seguridad y justicia. La plataforma destaca, por ejemplo, que hay pocos datos empíricos que demuestran que las tecnologías de reconocimiento de matrículas de vehículos reducen la violencia relacionada con el transporte, mientras que se observa que el impuesto al alcohol y las políticas de precios reducen claramente la violencia en ciertos casos.
La delincuencia es un problema económico y social, que tiene consecuencias de amplio alcance y una diversidad de raíces entrelazadas. Si los Gobiernos en la región pudieran dar prioridad a adoptar estrategias más eficaces para combatir la delincuencia, estas no solo mejorarían la seguridad pública sino que reforzarían el potencial económico de la región, recuerdan.
De allí la importancia de que las autoridades, las instituciones financieras internacionales, el sector académico, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado colaboren entre sí para encontrar maneras de hacer frente a este grave obstáculo para el crecimiento en la región.
Coordinación
Sobre la coordinación pública privada, hace unos días atrás en Santiago de Chile en el encuentro de Cámaras de Industria y Comercio Sudamericanas, que congregó a representantes de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, se destacó la importancia de colaboración entre los sectores público y privado, para desarrollar estrategias integrales y sostenibles para combatir el comercio ilícito.
El evento puso de manifiesto la creciente complejidad del contrabando, ahora controlado por redes delincuenciales de alto poder económico, vinculándose con actividades como el narcotráfico, robo de vehículos, trata de personas y otros crímenes transfronterizos. Los líderes industriales subrayaron la necesidad de acciones conjuntas público-privadas para hacer frente a este fenómeno, resaltando la formación de una fuerza de tarea en Chile como un ejemplo positivo.
Desde la perspectiva boliviana, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, expresó su preocupación por el impacto económico y social del contrabando en Bolivia, estimado en más de 3.300 millones de dólares. Alertó sobre el riesgo para más de 600 mil trabajadores bolivianos y abogó por fomentar el consumo de productos nacionales.
Como se recordará, esa actividad ilícita provoca pérdidas al Estado por alrededor de 600 millones de dólares anuales, por concepto de no pago de impuestos.
