“Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo […] con pleno respeto a la soberanía de los estados”. Ese es el texto contenido en el parágrafo I del Art. 10 de la Constitución Política del Estado (CPE), que se complementa en el segundo parágrafo, el cual estipula que “Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados…”.
Hace un tiempo, en esta misma columna, sostuve que la invasión de Rusia a Ucrania era el lento pero seguro camino a una tercera conflagración mundial. A ese respecto, concluí que la guerra entre las superpotencias no sería inmediata, sino el resultado de probablemente varios años de escaramuzas entre países de Europa, Asia y el Medio Oriente principalmente, cuyo inicio es la abusiva invasión rusa contra Ucrania. La Gran Guerra tuvo como detonante un hecho de muchísima menos trascendencia y la Segunda Guerra mundial, un hecho similar al presente.
La diferencia entre 1914 o 1939 con nuestro tiempo, es que hoy las economías y las ambiciones por los recursos naturales ajenos están íntimamente emparentadas con la explosión demográfica que parece hacer obligatorios los asaltos a la soberanía de los más débiles. Entonces, si pacifismo es el rechazo a la guerra, Bolivia no solo traiciona la Carta de las Naciones Unidas de la que es signataria, desconoce también la propia CPE.
Una arrolladora resolución votada por 180 estados miembros de la ONU, de la que 141 se pronunciaron por el rechazo a la invasión rusa sobre territorios ucranianos, pone a Bolivia en una situación racionalmente inexplicable en el concierto mundial de países. Por una parte, y como ya se dijo, deja al descubierto que la CPE fue promulgada —como siempre lo creí— en un estadio de la ruidosa historia republicana en que había que poner de manifiesto un populismo de artificiosos cambios sustantivos en la estructura del Estado a través de un contrato social que nunca fue reflejo de la voluntad unánime de la gente. La falacia de la Constitución se agrava cuando ni siquiera los propios administradores del Estado tienen la capacidad de someterse a sus estipulaciones. Pero concretándonos al caso, Bolivia verdaderamente antepone las coincidencias ideológicas a su carácter pacifista, el cual proclama explícitamente su rechazo a toda guerra de agresión.
Y en tanto el supremo cuerpo legal que en su Art. 255.II.1 concreta a las relaciones internacionales, estableciendo el respeto a la independencia e igualdad entre los estados, no intervención en asuntos internos y solución pacífica de los conflictos, la actitud pusilánime de nuestra representación diplomática en la Asamblea es, una vez más, ludibrio al mandato que le obliga a condenar la cobarde agresión urdida desde el Kremlin contra un estado soberano.
Una de las condiciones del estado pacifista es la acción externa del rechazo de la guerra y de todas las acciones que suponen la práctica de la guerra, o como conexamente define Norberto Bobbio: “Un Estado pacifista puede ser entendido también como una comunidad política y cultural que rechaza la guerra, en este caso, la categoría paz puede ser entendida como no-guerra”.
Nada de eso practica Bolivia en relación con el conflicto ruso-ucraniano y sobre el que hasta los gobiernos socialistas de Argentina, Chile, Brasil, México y Colombia se han pronunciado sin temor contra la invasión. La política internacional de Bolivia, en relación con la guerra de Europa del Este, se ha pasado por el forro la Carta de la ONU, cuyos propósitos son mantener la paz y la seguridad internacionales mediante la adopción de medidas colectivas (entiéndase de sus miembros, y Bolivia es uno de ellos) para suprimir actos de agresión. Por tanto, el compromiso de la ONU, suscrito en junio de 1945, fue el de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra.
De inconcebible, entonces, puede calificarse la actitud genuflexa de la diplomacia boliviana, al haberse abstenido en la moción generalizada de condenar a Rusia, sabiendo que en política exterior no hay amigos sino intereses, y Rusia no es precisamente el país que el actual gobierno nacional quisiera para atenuar los efectos de nuestra pobreza. Y aun si así fuera, Bolivia está constitucionalmente obligada a expresar ante la comunidad de naciones su repudio a cualquier forma de agresión entre otros, trátese de quién se trate. Claro que eso es pedir peras al olmo, pues las políticas deshumanizantes de los gobiernos de Nicaragua o Venezuela, con sus detractores en el interior de sus países, tampoco fueron ni serán condenadas.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor.