En audiencia virtual con Julissa Mantilla, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 23 organizaciones de la sociedad civil y el representante del Comité Nacional de la Democracia (Conade), Manuel Morales, denunciaron que a la fecha existen 190 presos políticos en Bolivia y piden que se investigue las graves “violaciones a los derechos humanos”.
Morales informó que en la audiencia virtual presentaron un informe documentando de la detención arbitraria de 190 presos políticos, la brutalidad policial, las sistemáticas amenazas y ataques a la prensa, juicios sin el debido proceso, violaciones contra los derechos indígenas, entre otros.
“Después de hacer un intercambio, hemos llegado al convencimiento que la CIDH no conoce esta información a detalle, pese a que hay algunos casos que están siendo denunciados, sin embargo, por ejemplo, la Presidenta manifestó una enorme confusión porque ella piensa que la mayoría de los militares que están presos (…), están siendo procesados por delitos de lesa humanidad, no así por delitos que no tienen relación alguna con la vulneración de derechos humanos, le hemos mencionado que hay militares procesados por poner la medalla presidencial a Jeanine Añez”, apuntó Morales después de la audiencia.
En el informe que Conade presentó a la CIDH, recuerdan que en el pasado, el exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, enfrentó más de 100 procesos del Estado. Actualmente el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, enfrenta 71 procesos, seis con sentencia, y el de La Paz, Iván Arias, suma más de 20. El líder cívico cruceño, Rómulo Calvo, enfrenta 18 procesos y pesa sobre él una detención domiciliaria. El expresidente, Carlos Mesa, suma ocho.
Estiman que unas 400 personas contrarias al Gobierno, entre exautoridades, dirigentes políticos y otros, tienen acusaciones del Estado.
“No existe dirigente político, sindical o social relevante en Bolivia, que sea contrario al Gobierno, que no esté sometido a presiones judiciales”, señala el documento de más de 50 páginas a la que EL DIARIO tuvo acceso.
Refieren que en Bolivia la detención preventiva es la norma y se estima que un 70% de los detenidos no tiene una sentencia.
PRESOS POLÍTICOS
En el informe, Conade aclara que según la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, un preso político debe considerarse como tal si: “La detención ha sido efectuada violando alguna de las garantías fundamentales establecidas de los convenios internacionales o cualquiera de sus protocolos. En particular, libertad de pensamiento, conciencia, religión, libertad de expresión o información, libertad de reunión o asociación”.
El informe señala que varias o todas esas características se cumplen en Bolivia para poder calificar a unos 190 detenidos como presos políticos.
A ello se suma – según el informe – la dependencia del Ministerio Público y en general del sistema judicial boliviano de las autoridades de Gobierno, y que han sido identificadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), creado para investigar los sucesos de 2019.
GOLPE QUE
NO SUCEDIÓ
En el documento presentado a la CIDH, refieren que el supuesto golpe de Estado de 2019 es utilizado por el Ministerio Público y las autoridades para perseguir a los opositores ya que la gran cantidad de presos políticos que existen en el país son acusados por eventos relacionados a esos hechos.
“Es importante reiterar que la observación electoral de la delegación de la OEA a las elecciones de 2019, y que llegó a Bolivia ha pedido del Estado boliviano, estableció una serie de irregularidades en el proceso electoral realizado el 20 de octubre de ese año y que dio como ganador a Evo Morales, que aspiraba a un cuarto mandato pese a que la Constitución solo permite dos”, se lee en el informe.
Recuerdan también que un equipo de auditoría electoral compuesto por 37 expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) se encargó del análisis de los comicios y ratificó los hallazgos iniciales concluyendo la manipulación de la elección.
El informe fue avalado por la Unión Europea y diversos estudios tanto nacionales como internacionales. La divulgación de esas irregularidades generó masivas manifestaciones en el país, que forzaron la renuncia y posterior abandono del territorio nacional del expresidente Evo Morales.
Por otro lado, también refieren y apuntan a que con el paso de los meses y años, el Gobierno ha generado otra narrativa, la que señala que en realidad el expresidente renunció debido a un golpe de Estado, extremo que se descartó por declaraciones de los actores principales del Movimiento al Socialismo (MAS), Morales y Álvaro García, que señalaron que su renuncia se decidió el 9 de noviembre, es decir un día antes de la renuncia oficial y, por tanto, antes de la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas (FFAA).
En su libro autobiográfico “Volveré y seré millones”, Morales afirma que renunció el 9 de noviembre, cuando perdió el respaldo de, su hasta entonces aliada, Central Obrera Boliviana (COB), que agrupa a los sindicatos bolivianos.
En otro libro, titulado “Evo: Operación Rescate”, del autor español Alfredo Serrano Mancilla, el exvicepresidente Álvaro García, ratificó la versión. Dijo que el 10 de noviembre de 2019, a las 10 de la mañana, él llamó a la entonces expresidenta argentina Cristina Fernández para contarle que habían decidido renunciar.
Las FFAA hicieron su sugerencia a las 15:50 del 10 de noviembre y Morales anunció su renuncia aproximadamente una hora después.
Además de ello, dos dirigentes opositores aseguraron que unas horas antes de la “sugerencia” de las FFFAA, Morales envío a dos delegados de su partido para negociar la transición ya que él había decidido dejar el cargo. Esa reunión se produjo a las 15:00 horas aproximadamente. Los dos delegados de Morales mencionados en esa versión no han desmentido los hechos.
“Estos tres elementos zanjan el tema y establecen, por boca de los propios actores del MAS, que no hubo golpe, que la decisión de renunciar se dio antes de la sugerencia de las FFAA”, señala el informe.
Junto con ello, tanto el presidente boliviano Luis Arce (2020-2025), como su actual vocero, Jorge Richter y el ministro de Justicia, Iván Lima, calificaron el gobierno de transición de Jeanine Añez como “legal” y “constitucional”.
Además, durante el gobierno de Añez, el MAS controlaba dos tercios de la Asamblea Legislativa y, en dos votaciones, ratificó la legalidad del gobierno transitorio.
ATAQUES A
PERIODISTAS
Asimismo, los ataques a periodistas y sistemáticos delitos contra la libertad de prensa son mencionados en el informe como graves vulneraciones que se comenten de manera sistemática y cada vez más violenta.
En el informe entregado a la CIDH se subraya que “esta situación se ha incrementado de manera preocupante desde 2019 debido a la violencia, ataques, amenazas y criminalización que sufren periodistas en el ejercicio de su labor, aspecto que ha motivado a la CIDH y la RELE a pronunciarse de manera reiterada recomendando al Estado boliviano que garantice condiciones de seguridad, preservando la vida, integridad personal y libertad de expresión a las y los periodistas”, se lee.
Entre los casos más violentos y que permanece en la impunidad, menciona “el secuestro, tortura y amenazas de muerte a las que fueron sometidos seis periodistas en la hacienda Las Londras, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz cuando, junto a policías y otros civiles, estaban desarrollando la cobertura del avasallamiento de tierras ocurrido en esa localidad y fueron sorprendidos por encapuchados, que los golpearon y amenazaron con armas de fuego”. Este caso continúa en la impunidad.
BRUTALIDAD POLICIAL
El informe que da cuenta de la vulneración de los derechos humanos en el país. Denuncian, entre otros casos, la brutalidad policial que “fue particularmente violenta cuando se produjeron las protestas en Sana Cruz tras la captura del gobernador de ese departamento, Luis Fernando Camacho, el 28 de diciembre de 2022.
Para mostrar la magnitud de la brutalidad policial, el informe anexa los informes de prensa que documentan con fotografías y videos la escalada de violencia desatada por la Policía con el uso de granadas de gases lacrimógenos y perdigones contra el cuerpo de los manifestantes, ocasionándoles lesiones de consideración, pero también los ataques a viviendas y condominios poniendo en grave riesgo la seguridad y la vida de las personas.
“Múltiples instancias nacionales e internacionales hicieron un llamado para respetar los derechos humanos. Entre ellos destaca el comunicado del Secretario General de Naciones Unidas, quien expresó su preocupación por la escalada de violencia y llamando a adherirse al respeto por el Estado de Derecho”.
También menciona los sucesivos conflictos derivados de la habilitación del mercado de coca ilegal que derivó en una inusitada represión contra las movilizaciones, marchas y bloqueos, de los productores de coca de los Yungas, con un saldo de 97 detenidos. Asimismo, hubo un centenar de heridos, dos de gravedad, quienes sufrieron amputación de las manos por impacto de dinamitas”.
En todos estos conflictos, puntualiza el informe “aumentaron las denuncias de uso arbitrario de las armas de represión de la Policía, las cuales eran usadas directamente contra los manifestantes y en algunos casos con municiones que no son las reglamentarias, generando lesiones graves en varias personas”.
“El contexto de protestas en Bolivia estuvo marcado por la represión violenta de la Policía, mediante el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Ello ha dado lugar a la muerte de Erwin Chávez Durán, ciudadano boliviano que fue víctima de un disparo policial con una granada de gas en la cara, ocasionándole la pérdida de un ojo y una fractura grave del maxilar inferior, durante las jornadas de protesta del 1 de enero de 2023 (…) este hecho se constituye en una violación del derecho a la vida, atribuible al Estado Boliviano al haber sido perpetrado por sus agentes”, señala el informe.
También menciona “una aguda etapa de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas” que está sometido a la presión de los avasallamientos, al avance de megaproyectos extractivistas y, a la contaminación por deshechos mineros, especialmente mercurio.
“La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq) también denunciaron que existe un patrón sistemático de violencia contra los territorios indígenas, el despojo de las tierras por parte del Estado para otorgárselas a las transnacionales mineras sin respetar el derecho al Consentimiento Previo Libre e informado”, puntualiza.