El juez del Juzgado Tercero Anticorrupción de La Paz ordenó ayer la detención preventiva, por dos meses, en el penal de San Pedro, del secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Álvaro Q., imputado por el delito de conducta antieconómica.
“Se ha enervado el elemento domicilio toda vez que se ha presentado una factura que no corresponde a los datos de domicilio registrado en el Segip de ciudadano investigado, respecto a los peligros de obstaculización se considera que él tiene la posibilidad de suprimir, ocultar documentos de prueba, de la misma manera influir en partícipes y testigos de los hechos que se está sometiendo a investigación por parte de la Fiscalía”, dijo la fiscal del caso Magali Bustamante.
El ejecutivo fue aprehendido el martes, en el marco de un proceso iniciado por la universitaria Karen Apaza, a la que se sumó la UMSA.
La representante del Ministerio Público manifestó que el proceso es por tres viajes que realizó el hermano del ejecutivo de la FUL, Sergio Q., uno al interior y dos al exterior del país (Venezuela, Cuba y Tarija), quien presuntamente fue beneficiario por ser un estudiante destacado y meritorio de representar a la Universidad Mayor de San Andrés.
“Se solicita la invitación que se ha cursado a la UMSA, (y dice) que sean líderes, representantes destacados, (sin embargo) estableciendo que por el récord académico se registra que Sergio Q., tiene 146 materias reprobadas en 18 años que se encuentra registrado o matriculado en la UMSA”.
Bustamante precisó que los viajes fueron realizados entre 2019 a 2022. En uno de ellos se invirtió más de Bs 370.000, monto que cubrió gastos del seguro de viaje, pasajes y viáticos para 16 estudiantes universitarios por un lapso de tres días.
El ejecutivo de la FUL ejerce el cargo por tercer periodo consecutivo. Fue cuestionado en meses anteriores como “dirigente dinosaurio”, puesto que lleva más de 20 años en la universidad.
Asimismo, desde el 22 de mayo se encuentra con detención preventiva el presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, por haberse beneficiado de manera irregular con el nombramiento de secretario nacional a.i. del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) con el pago de haberes y beneficios sociales, sin cumplir con los requisitos mínimos para ocupar el cargo.