Importa mucho que cada región reciba lo que le corresponde

El principio de que “es delito apoderarse de la propiedad ajena”, bien puede aplicarse a los gobiernos que han administrado el país desde sus inicios: disponer arbitrariamente de dineros fijados en los presupuestos. En ocasiones, se ha explicado que “es uso provisional, se harán las reposiciones del caso”. Por momentánea que sea esa utilización, por explicación que se dé no es lógica, por reemplazos o reposición que se haga, no coincide con la verdad que debería primar en todo acto gubernamental, porque lo que es “de Juan debe ser de Juan” –fácil y concreto–.
Cada departamento, cada región en todas las gestiones de gobierno reclaman por dineros adeudados por el Tesoro General de la Nación (TGN), partes de las partidas presupuestarias que no debieron tocarse y deben ser depositadas en las cuentas respectivas de cada uno de los departamentos o de sus alcaldías o prefecturas (gobernaciones) o cualquier repartición determinada en el mismo documento presupuestario aprobado conforme a ley y, al margen de todo ello, cada región deposita lo que recauda en cuentas del TGN para su “administración momentánea y posterior devolución”. Se dice: El gobierno no quiere redistribuir recursos…”. Y se debe convenir en que no puede porque hubo uso en otras cuestiones del Estado. Esta es realidad a la que las diferentes regiones deben resignarse y aceptar.
Que es norma impuesta y aceptada por cada región, nadie discute; pero, no debe ser porque lo que determinan las leyes es que el gobierno central, al contar con un presupuesto, debe atenerse a él y no disponer de lo ajeno porque altera programas y proyectos, evita avances de obras importantes, descuida y extravía planes ya formulados, altera la unidad y correcta aplicación de recursos, impide la debida inversión y crea condiciones de anarquía en el manejo económico-financiero de cada departamento, a más de crear diferencias entre unos y otros porque, conforme a las disponibilidades, tiene que decidir cómo, cuánto y cuándo debe obrar equitativa y ecuánimemente en la devolución de dineros que haya dispuesto.
Debe entenderse que una norma de mínima administración dispone que cada quien debe regirse por lo que tiene y no hacerlo con medios financieros ajenos. La fortaleza de un régimen debe asentarse en el uso correcto, honrado, honesto, limpio y responsable confiado a su debido manejo; lo contrario resulta violatorio de la ley y contradictorio con lo que cada régimen anuncia cumplir –salvo que los mecanismos debidos, como Contraloría y Poder Legislativo, por excepción, hayan aprobado–.