La Constitución Política del Estado en el Art. 229 expresa que “La Procuraduría General del Estado es una institución de representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado. Su organización y estructura serán determinadas por ley”. Y La Ley 064 establece en el Art. 12, para ser Procurador, “no haber tenido ni patrocinado procesos judiciales y acciones en contra del Estado durante los últimos cinco años anteriores a su nombramiento”. Chávez demandó a las autoridades del Estado, por tanto, NO puede ejercer un cargo hasta después de cinco años.
La designación de Chávez es inconstitucional, porque NO cumple los requisitos para ejercer el puesto de DEFENSOR del Estado: 1) Patrocinó contra el Estado en el tema impositivo. 2) Fue abogado defensor de Morales contra un órgano del Estado como es el TSE. Arce le recordó a Chávez que la labor de la Procuraduría es “defender ante todo los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia y procesar con celeridad y probidad todos aquellos actos negligentes o corrupción que lesionen los intereses del pueblo”.
Chávez no justifica el sueldo que le pagamos para defender nuestros intereses, se dedica a defender a su cliente, el cocalero Morales y utiliza los bienes del Estado como agencia de persecución y pretende institucionalizarla al presentar Informe Comunicación AL BOL 3/2020, a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cambiando la historia de Bolivia.
La realidad que vivimos fue que al ser descubierto el MEGRAUDE y producirse la renuncia del cocalero, se desata la violencia con actos vandálicos de los allegados al MAS, quienes quemaron las casas de Albarracín, Casimira, los módulos policiales, los buses PumaKatari. Y ante el vacío de poder, para pacificar el país se reunieron en la Universidad Católica: la Iglesia, la Unión Europea, Adriana Salvatierra, Doria Medina y Tuto Quiroga y determinaron la sucesión constitucional de Jeanine Áñez.
Lo que NO informó el defensor de Morales: 1) En el Referéndum del 21F de 2016 se rechazó la reelección INDEFINIDA del cocalero Morales, ahí empezó la lucha de las plataformas con plantones, marchas, cabildos, concentraciones, exigiendo cumplimiento del 21F y la Constitución. Pero el TCP, sometido al cocalero, emitió la sentencia constitucional 0084/2017, argumentando que la Reelección es un derecho humano y que Morales puede ser reelecto indefinidamente. 2) Morales, viéndose descubierto por el MEGAFRAUDE renuncia y todo su sequito le sigue. 3) Con la Ley 1.266 del 24/11/2019 se anula las elecciones del 20 de octubre de 2019 y se designa los vocales electorales que convocan a nuevas elecciones de 2020. Por ello Morales no pudo participar en elecciones. 4) Hubo auditoría que realizó la OEA, en relación con flagrante “manipulación dolosa de las actas y el procesamiento de los resultados”, paralización del TREP intencional, arbitraria y sin fundamentos técnicos”. 5) No fueron tomados en cuenta los fallecidos en Montero y la emboscada de Vila Vila, 37 heridos y más de 10 rehenes. 6) En el Alto saquearon y quemaron 8 unidades policiales, el 19 de noviembre dinamitaron la pasarela de Senkata y tumbaron los muros de la planta de YPFB con dinamita. 7) En audio Morales instruye a Faustino Yucra un cerco a las ciudades, que no entre comida a las ciudades. 8) Por los bloqueos murieron 40 personas, por falta de oxígeno. 9) La detención de Jeanine, por el supuesto “golpe de Estado”, mediante la vía ordinaria, cuando a Áñez, por ser expresidenta, le corresponde un juicio de responsabilidades. 10) Jeanine Áñez con Eva Copa y los Órganos del Estado gobernaron constitucionalmente.
Bolivia enfrenta seis arbitrajes por más de $us.800 millones, Mallku Khota $us.385.7, Glencore $us.300 millones, Albertis Infraestructura S.A. $us.85,5, Quiborax S.A. $us.48,6, Jindal Steel Bolivia $us.68 y BP Global Investment por $us.5,5. Chávez NO cumple su función, se ha desnaturalizado la función de la PGE, actúa en función de los intereses políticos partidarios del gobierno autoritario del MAS.
Angélica Siles Parrado, Abogada, ex Asambleísta Constituyente.