Pese a que varias autoridades, juristas y analistas coinciden en que es momento de cambiar y modificar la Ley 348, ya que estaría siendo instrumentalizada y no lograría frenar la violencia a la mujer, analistas advierten que este tema se politiza y genera confrontación social, a fin de ignorar que la corrupción en el sistema judicial solo puede cambiar con una reforma judicial estructural que apunte más allá de modificar leyes.
En medio de la latente polémica por el proyecto normativo de modificación integral de la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, varios sectores de la población expresaron su conformidad con esta iniciativa, tras alegar que se instrumentaliza esta ley para chantajear, extorsionar o encarcelar a hombres con denuncias falsas, vulnerando la presunción de inocencia.
La semana pasada, las calles del centro paceño fueron escenario de protestas de familiares de víctimas de denuncias falsas que exigían a la ALP, la modificación de esta Ley. Otro argumento a favor de esta postura es el hecho de que, en los últimos años, los casos registrados de violencia hacia la mujer han incrementado en vez de disminuir, evidenciando la inocuidad de su aplicación. En 2023, se reportó la cifra de 81 feminicidios durante la gestión. Sin embargo, en lo que va de 2024 ya hubo 26 feminicidios en el país.
En contraparte, colectivos feministas, entidades afines al Estado y agrupaciones ciudadanas en defensa de los derechos de las mujeres, se oponen drásticamente a su modificación, pues aseguran que entonces se permitiría la revictimización de las víctimas y se pondría en duda sus declaraciones al plantear que peritos especializados sean quienes determinen la veracidad de sus declaraciones.
El proyecto de ley establece que, en caso de violencia sexual, “la autoridad fiscal deberá recibir la declaración de la víctima en cámara Gesell, con asistencia de peritos especializados, de tal forma que (…) los peritos presenten dictamen sobre la veracidad del testimonio de la víctima, que constituye prueba fundamental”, la cual deberá ser ulteriormente corroborada.
La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, defendió con vehemencia la 348, arguyendo que es el resultado de una lucha feminista de más de 50 años. Sin esta legislación, según la senadora, las mujeres seguirán siendo violadas y asesinadas cada día en total impunidad.
POLÉMICA BUSCA CONFRONTAR
El problema con las modificaciones planteadas, es que no se toma en cuenta la falta de condiciones logísticas y de personal para implementar cámaras Gesell en el país, además del reducido número de peritos forenses en el área de psicología del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), según explicó la secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá.
“Que se señale que toda denuncia deriva en la aprehensión, detención o encarcelamiento de los denunciados, es falso, lo que no quiere decir que no haya abusos en el sistema de justicia. Estamos en una crisis muy profunda y deberíamos estar hablando de esa reforma. Hay un sistema extorsivo en el sistema penal que no tiene que ver solo con casos de la Ley 348”, agregó Bayá.
En tal sentido, advirtió que el uso discrecional de estadísticas y discursos sobre la ley promueve la confrontación social. Según opiniones de otros expertos, esta confrontación distrae a la población de la verdadera urgencia del país: una profunda reforma al sistema judicial.
El abogado, Yerko Garáfulic, expresó en sus redes sociales que la 348 “promueve una antinatural confrontación entre los seres humanos que, juntos, son la base de la familia”. Asimismo, sostuvo que convierte a los hombres en “ciudadanos de segunda”.
El exdiputado, Amilcar Barral, recordó que presentó un proyecto de ley similar hace cinco años, el cual fue rechazado contundentemente en su momento, sobre todo por temas políticos, ya que autoridades oficialistas como la entonces diputada, Susana Rivero, y la exministra, Gabriela Montaño, impidieron que se trate su propuesta en una sesión. En este sentido, aplaudió la noción, pues considera que la ley sí debe modificarse para que sea equitativa para hombres y mujeres.
El sociólogo, Franz Flores, considera que el problema de fondo no es la ley en sí misma, sino que el tema es politizado por la esfera política, lo cual genera mayor polarización en la población. Según su lectura, es menester que se analice tanto la ley así como su aplicación.
“El gran problema en Bolivia es que estos temas se politizan. Estar en contra de Andrónico (Rodríguez) es políticamente más viable que estar a favor. Estás en contra y todo el mundo te dice que eres machista (…). Según entiendo, (hubo) 130 organizaciones de mujeres que han censurado las declaraciones de Andrónico”, observó Flores.
En esa línea, coincidió en que “esto, por supuesto, polariza a la sociedad entre defensores de la ley y personas contrarias, pero el tema no es ese; el tema es qué hacemos contra la violencia familiar, qué medidas efectivas tomamos”, manifestó, citando un dato de la Coordinadora de la Mujer, la cual indicó que la violencia contra la mujer aumentó en más del 100%.
Por su parte, el jurista, Carlos Moscoso, señaló que la pericia policial corresponde para determinar la veracidad de una declaración y para establecer la existencia de lesiones físicas o agresiones en casos de denuncias de violencia, pues no puede procesarse a una persona solo con acusarla.
Sin embargo, advirtió también que las condiciones no existen para dar pie a las modificaciones planteadas por el proyecto de ley, tanto por las condiciones logísticas y técnicas, como por los costos que supondría, por ejemplo, implementar cámaras Gessel y formar peritos especializados para estos trabajos.
De acuerdo a las declaraciones de la senadora Barrientos, Moscoso destacó que, muchas veces, los operadores de justicia se parcializan y se ponen de lado del sindicado o de los denunciados, favoreciéndolos durante el proceso. Para él, evitar que las autoridades se queden en sus cargos por largo tiempo es una forma de combatir la corrupción.
De esta manera, Moscoso expresó a EL DIARIO que lo que se necesita es una reforma judicial integral. “Tienen que rotar los fiscales y los investigadores asignados al caso, porque lamentablemente desde ahí comienza la extorsión”.
También mencionó que el personal de la Policía no es idóneo ni suficiente para realizar investigaciones. “Los psicólogos tienen que ir por día a realizar denuncias a la Policía. No se tiene ni siquiera el personal idóneo y requerido. De mala gana te atienden, no tienen disposición, (te dicen) que vuelvas mañana u otro día y ahí empieza la corrupción”, detalló.