lunes, abril 29, 2024
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Sobre reservas de gas

Acusaciones del Gobierno contra Mesa confirman pánico a revelar la verdad

> Cuestionan que autoridades de Gobierno recurran a acusaciones contra una exautoridad en lugar de salir ante la ciudadanía para dar cuenta del verdadero estado de las reservas en materia de hidrocarburos.

Reiterando el pedido de hacer públicos los datos de las reservas certificadas de gas con las que cuenta el país, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, calificó las recientes acusaciones de la asesora del Ministerio de Hidrocarburos, Rocío Molina, sobre supuestas cifras infladas durante la gestión de Carlos Mesa, como una “cortina de humo” ante el temor del Gobierno a decir la verdad y actuar con transparencia en este tema.
Urquidi cuestionó que autoridades de Gobierno recurran a acusaciones contra una exautoridad en lugar de salir ante la ciudadanía para dar cuenta del verdadero estado de las reservas en materia de hidrocarburos.
“El Gobierno del presidente Luis Arce le tiene pánico a la verdad y la transparencia, y por eso genera vergonzosas cortinas de humo, los bolivianos le exigimos que haga pública la cantidad de reservas certificadas de gas que tenemos. ¿Es tan difícil?”, cuestionó el asambleísta representante de Oruro, mediante sus redes sociales.
El jueves, la asesora del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, Rocío Molina, acusó a Mesa por supuestamente haber inflado datos relacionados a la certificación de reservas de gas hasta cifrarlas en 70 trillones de pies cúbicos en 2004, señalando que la exautoridad debe responder por esta manipulación.
“Mesa certificaba 70 TCF en esa época (2004) y luego, el 2009, se tenía una certificación de 9 TCF. ¿Qué es lo que pasó con 61 TCF? ¿Qué pasó con ese gas señor Carlos Mesa? ¿Hubo un consumo desmedido? ¿Se vendió gas a alguna parte que no conocemos? Son preguntas que debe responder el expresidente Carlos Mesa al país”, indicó Molina en rueda de prensa.
Anteriormente, Mesa había señalado que tras 17 años de improvisación y despilfarro en el manejo de la política de hidrocarburos, se puso al país en riesgo de pasar de ser exportador a importador de este recurso.
“Hoy se suman la ineptitud, las graves denuncias de corrupción y las informaciones incorrectas de YPFB, del Ministerio del área y de la ANH. Los bolivianos estamos soportando la peor crisis de la historia en este sector, que se refleja en periódicas colas para comprar combustibles, pérdidas de los únicos mercados que heredaron, riesgo de importación de gas, experimentos en mezclas de gasolina, huida de las inversiones, ocultamiento de la información, y falsas expectativas de las plantas de biodiésel”, expresó Mesa.
Mediante un comunicado emitido por la alianza Comunidad Ciudadana, se exigió que autoridades de Gobierno cumplan con el deber de hacer públicos los datos relacionados las reservas y de gas, y parar la campaña de infundios y ataques dirigidos en contra del presidente de esta organización política.
Se señaló que las reservas de gas de los países no son certificadas por los presidentes, sino por empresas especializadas, reconocidas internacionalmente, que en su trabajo aplican metodologías y técnicas mundialmente aceptadas, y que son contratadas por los gobiernos mediante licitación pública.
En 2005, el gobierno de Carlos Mesa recibió de la empresa De Golyer and MacNoughton, la certificación de las reservas de gas al 31 de diciembre de 2004 y, cumpliendo con su política de transparencia, publicó el resultado de este estudio al país, sin ningún cambio, revisión ni ajuste.
Según ese informe, las reservas probadas ascendían al 31 de diciembre de 2004, a 26,7 TCF (Trillones de Pies Cúbicos). De acuerdo a informes de los gobiernos anteriores, en 2001 las reservas probadas eran de 23,8 TCF, en 2002 de 27,4 TCF y en 2003 de 28,7 TCF, es decir que en 2004 mostraron un declive de 9% respecto al año anterior y no un incremento como sugieren maliciosamente los funcionarios del MAS.
Asimismo, se aclaró que los años posteriores al gobierno de Mesa, hubo una reducción de las reservas probadas, producto del consumo sin reposición y del cambio de metodología establecido por la Petroleum Resources Management System en el modelo utilizado para estimar las reservas. Ese cambio de metodología tuvo repercusiones no sólo para Bolivia sino también para otros países de la región como Argentina, Ecuador o Colombia que reportaron caídas importantes de sus reservas de gas.
“La pretensión del gobierno de Luis Arce, de hacer creer que el ex Presidente Carlos Mesa manipuló o modificó el dato de las reservas en 2004, es irresponsable, canallesca y absurda, y evidencia un claro interés por desviar la atención sobre el incumplimiento de la obligación de informar anualmente sobre las reservas, y la intención de justificar la grave crisis a la que nos ha llevado la irresponsable, errática y poco transparente política energética del actual gobierno”, señala parte de la nota.
Además, se recuerda que la propia empresa DeGolyer and MacNoughton, que realizó el informe de 2004, fue contratada durante el gobierno del presidente Luis Arce en 2022, para establecer el nuevo factor de distribución del reservorio compartido del campo Margarita-Huacaya, y para certificar las reservas de gas al 2023. “Es recién ahora y con una clara intención política que se cuestiona su reporte de hace 20 años”.
El hecho de que la certificación de las reservas se omitió en casi toda la gestión de los gobiernos masistas, y que un ministro de ese partido afirmara en 2019 que Bolivia estaba bajo un mar de gas, muestran no solo un voluntario y doloso incumplimiento de la Ley, lo que conlleva responsabilidad penal, sino una decisión política clara de ocultar y la distorsionar la información para evitar la fiscalización pública.
“Demandamos al gobierno del presidente Luis Arce que se abstenga de seguir ocultando la información sobre las reservas de gas en Bolivia y que en lugar de enviar a sus funcionarios públicos a propalar discursos engañosos, cumpla con la Ley 3740, firmada por él mismo como Ministro de Economía, y transparente esta información que no es suya ni de sus ministros, sino del pueblo boliviano”, finaliza la nota.

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