El certificado médico presentado por la pareja del infanticida, César Tezanos, en una denuncia previa por violencia familiar en 2022, fue ratificado ayer como “falso” por el fiscal departamental de La Paz, William Alave Laura, luego de explicar que el médico que figura en el documento declaró nunca haber trabajado en la institución señalada y que además estaba jubilado.
En conferencia de prensa, Alave aclaró que el proceso seguido en contra de Tezanos fue desestimado ya que “no se puede sustentar una investigación con documentos falsificados”, argumentando que el sello y firma del médico fueron falsificadas y que el galeno se había jubilado tres años antes.
En 2022, la pareja de Tezanos habría denunciado al hombre por agresiones físicas con el respaldo de un informe médico supuestamente realizado de manera particular, mas no por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que corresponde del Estado.
Ante la imposibilidad de continuar con el proceso, bajo riesgo del delito de falsedad documental, la exfiscal asignada al caso, Soledad Yapu, habría actuado bajo la norma confirmando el sobreseimiento a Tezanos y procediendo a desestimar el caso, relató Alave.
La polémica se exacerbó gracias a las protestas encabezadas por la psicóloga y activista líder del colectivo Mujeres Creando, María Galindo, quien exigió la destitución de Yapu por emitir el sobreseimiento a un hombre que luego se convirtió en infanticida, acusando además a Alave de dejar en total indefensión a la mujer de este criminal.
En tal sentido, el pasado miércoles, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, pidió a su subordinado explicar las razones por las que se ratificó el sobreseimiento del ahora infanticida.
Alave también reiteró que Tezanos ya está encarcelado en el penal de Chochocoro, con lo cual el infanticida cumplirá la pena máxima de 30 años sin derecho a indulto, por quitar la vida de sus hijos de dos y cuatro años a principios de marzo.
Respecto a la exfiscal de Materia Soledad Yapu, Alave aclaró que su remoción del Ministerio Público se debió a que era parte del personal de fiscales contratados por el Estado, mas no de la Escuela de Fiscales del Estado.
Alave indicó a EL DIARIO que, mientras los fiscales formados en la escuela estatal no pueden ser retirados porque son institucionalizados, sí pueden serlo aquellos que fueron contratados, como el caso de Yapu.