La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) extendió el plazo hasta el 26 de julio de 2024 para que Bolivia llegue a un acuerdo con los afectados por el caso del Hotel Las Américas e implemente sus recomendaciones; aunque el Gobierno alega compromiso en cumplir con las indemnizaciones, la Procuraduría reconoció que solicitan asesoramiento para lograr “montos razonables”.
De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría General del Estado (PGE), el plazo para alcanzar un acuerdo sobre reparaciones económicas a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el caso “terrorismo” fue prorrogado para dentro de tres meses, toda vez que el caso permanece aún en “fase no contenciosa”.
Aunque el Gobierno boliviano reiteró su compromiso de adherirse a las recomendaciones de la CIDH con “transparencia y racionalidad”, el procurador general del Estado, Cesar Siles, reconoció el pasado viernes que el Estado boliviano solicita asesoramiento a la Comisión para realizar una oferta razonable de resarcimiento económico a las familias de los fallecidos.
Por ejemplo, Siles informó que la madre del irlandés, Michael Dwyer, uno de los ejecutados en el Hotel Las Américas, exige un resarcimiento de 3.137.942 euros. Este monto, según Siles, es “exageradamente excesivo”, considerando otros casos y la jurisprudencia.
Asimismo, el procurador manifestó que se elevó una solicitud para establecer el monto definitivo. “En el informe de fondo no se establecen montos, la recomendación solamente dice una indemnización razonable”.
En el caso de Mario Tadic, uno de los sobrevivientes del asalto al Hotel Las Américas y quien denunció torturas, el monto de resarcimiento solicitado asciende a 752.690 euros, el cual “no es razonable”, según agregó Siles.
Informó también que, en caso de cancelar tal resarcimiento, la PGE impulsará cobrar el monto a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, para lo cual pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la aprobación de la Ley de Repetición que ha presentado.
FALTA DE SERIEDAD
Por su parte, el abogado de algunas de las víctimas, Gary Prado, sostuvo que el Gobierno no logró llegar a acuerdos con los demandantes ni otorgar el tratamiento médico de algunos de los afectados. Agregó que tampoco mostró “seriedad” en iniciar procesos judiciales contra los responsables de las violaciones a derechos humanos.
“Hasta el momento no se logró absolutamente nada al respecto, ni se hizo resarcimientos materiales, ni se otorgó tratamiento médico que Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza así lo necesitan”, señaló.
En tal sentido, Prado anunció que, con el caso en instancias de la Corte IDH, el Estado no podrá “zafarse” del proceso y tendrá que indemnizar a las víctimas sin discusión, pues se establecerán cifras “inapelables”.
“El Estado va a tener que defenderse de esta acusación que le hará la Comisión Interamericana por violentar derechos humanos de estas personas. No hay posibilidad de zafarse y obviamente (en) lo que se refiere a la reparación material. La Corte va a fijar montos y esas (cifras) son inapelables, ya no se pueden discutir”, expresó.