El dirigente cocalero de los Yungas, Juan Cocarico, denunció persecución política del Gobierno tras haber cumplido 17 meses encarcelado en el penal de San Pedro por el caso de la quema del mercado ilegal en Villa El Carmen, ya que no existe ninguna prueba o acusación en su contra.
Cocarico es actualmente el único preso por el caso Adepcoca y no posee ninguna prueba incriminatoria o acusación alguna. En diciembre de 2023 cumplió 14 meses de detención preventiva en el penal de San Pedro, tras una tercera ampliación de esta medida cautelar que emitió la Justicia boliviana en su contra.
“Sigo en la cárcel porque dicen que supuestamente me habrían acusado para llevarme a juicio oral pero no me notificaron, ni la Fiscalía ni algún juez (…) Me tienen así, ilegalmente, sin ninguna medida. Con marzo ya estoy un año y cinco meses”, expresó a tiempo de denunciar que el Gobierno lo presiona con someterse a juicio abreviado bajo amenaza de seguir detenido si no la acepta.
Desde su ilegal privación de libertad en estos tres meses, el dirigente cuestionó la indiferencia de instituciones protectoras de derechos humanos y denunció que existe persecución política del Gobierno.
“Todo es persecución política, por eso he tratado de no hacerme agarrar. Hay una persecución de parte del Gobierno que está haciendo a todos los dirigentes que nos oponemos a esta dictadura”, señaló en un video difundido por ANF, mientras era sujetado por un custodio policial.
El productor de coca fue violentamente detenido el 4 de noviembre de 2022 por un grupo de sujetos encapuchados que después resultaron ser policías. Durante su captura, Cocarico sufrió serias agresiones físicas.
Cocarico, entonces secretario de Prensa y Propaganda de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) firmó la convocatoria para la marcha de protesta que exigía al Gobierno el cierre del mercado paralelo de Villa El Carmen regentado por Arnold Alanes, un dirigente masista que ascendió al cargo de la mano del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
Como la marcha derivó en la quema de instalaciones y hechos violentos con personas heridas, Cocarico y otras dos decenas de dirigentes fueron denunciados con trece acusaciones que ya ni él recuerda, como delitos de instigación pública a delinquir, robo, deterioro de bienes privados y lesiones graves. (ANF)