Este sábado 23 de marzo más de 700 mil voluntarios recorrerán todo el país para levantar datos sobre cuánta gente vive en cada hogar, sus características y las condiciones de su vivienda. Es un proceso que lleva años planificándose y al que se llegó cruzando un camino conflictivo que tuvo enfrentados a las regiones, especialmente Santa Cruz, con el Gobierno a lo largo de la gestión 2022.
Si bien no existe una ley vigente que señale que el Censo se deba realizar cada 10 años (la norma que lo ordenaba fue derogada tras promulgarse la nueva Constitución en 2009), los expertos señalan que este es el tiempo que se recomienda para hacer un empadronamiento general en todo el país.
Con base en estas sugerencias, la idea original era que el Censo se realice exactamente 10 años después del que se aplicó en noviembre de 2012. En julio de 2021, cuando el gobierno de Luis Arce llevaba ocho meses en el poder, se emitió un decreto supremo en el que se declaraba “prioridad nacional” en la realización del Censo, el 16 de noviembre de 2022.
Pero el Censo no se realizó esa fecha. El 12 de julio, en una reunión que se realizó en la Casa Grande del Pueblo en La Paz, el Consejo de Autonomías, al que asistieron ocho gobernadores, (excepto el de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho), alcaldes de ciudades capitales de los departamentos, miembros de la Federación de Asociación de Municipios de Bolivia (FAM) y representantes de las autonomías indígenas, decidieron que el Censo se postergaba para una fecha que debía estar fijada entre mayo y junio de 2024.
La decisión de postergar el proceso por casi dos años provocó el rechazo de Santa Cruz, que conformó un Comité Interinstitucional que exigiría al Gobierno que el Censo se realice “sí o sí” en 2023 y que terminaría por llamar al paro cívico más largo de la historia cruceña, una movilización que duró 36 días ininterrumpidas.
Pero, ¿por qué no se realizó el Censo?, durante los días del conflicto en Santa Cruz, la exministra de Planificación de Luis Arce, Gabriela Mendoza, hizo varias revelaciones sobre lo que sucedió. Según la exautoridad, el Censo era un proceso que “estaba encaminado”, a pesar de varios obstáculos encontrados cuando asumió el Gobierno tras la transición de 2020, como la falta de un proyecto concreto que no se había hecho ni en los últimos años de la gestión de Evo Morales, ni durante la Presidencia transitoria de Jeanine Añez.
La exministra dijo que ya desde antes de la postergación de la fecha del Censo había varias “voces” en el oficialismo y la misma oposición que hablaban de que se debía redefinir el día del empadronamiento y que la decisión se asumió en la instancia señalada por ley, que es el Consejo Nacional de Autonomías.
¿Cuáles fueron los argumentos para postergar el Censo? Cuando se anunció que el empadronamiento se postergaba de 2022 a 2024, el Consejo de Autonomías señaló que la falta de una cartografía actualizada, la socialización de la boleta censal y los retrasos provocados por la pandemia obligaban a postergar las actividades.
En Santa Cruz se aceptó una postergación, pero no hasta 2024, por lo que decidió iniciar protestas. Luego de dos paros, el primero de 24 horas que se realizó el 25 de julio y el segundo el 8 y 9 de agosto, el 22 de octubre se ingresó en una medida indefinida que al final logró adelantar la fecha del Censo, pero no para 2023, sino tres meses antes de la fecha definida por el Consejo de Autonomías.
Santa Cruz además exigía con su paro que los resultados del Censo tengan efectos casi inmediatos en dos sentidos: la redistribución de recursos económicos y la reconfiguración de los escaños parlamentarios para que se aplique en las elecciones de 2025. En ambos casos esto se logró y se consiguió una ley para garantizarlo.
El 11 de noviembre, el presidente Luis Arce Catacora anunció a última hora del día que, el Censo de Población y Vivienda se realizaría el 23 de marzo de 2024 y que la distribución de recursos a las regiones sería en septiembre del mismo año, al día siguiente sale el decreto, que no estipulaba una redistribución parlamentaria o la reconfiguración de la cartografía de circunscripciones electorales.
Santa Cruz decidió continuar con el paro indefinido, exigiendo que sea una ley la que garantice la realización del Censo, luego de cerca de 30 días de paro empezó a reconocerse que era inviable realizar el empadronamiento en 2023, pero que se debía garantizar la aplicación de los resultados.
El 15 de noviembre, la población cruceña se volcó al cabildo departamental a los pies del Cristo Redentor, en el que se aprobaron cinco determinaciones, entre ellas, instruir a los legisladores la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del Censo antes de las elecciones de 2025.
El 17 de noviembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidió para septiembre de 2024 los resultados del Censo y advirtió que no podrá trabajar en la redistribución de escaños si no se cumple con ese plazo. Horas más tarde, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, aceptó las condiciones y anunció que los resultados serán remitidos en dicho mes.
En la Asamblea, la fractura entre el “evismo” y el “arcismo” empieza a crecer, y sería la ley por el Censo la que terminaría por partir en dos al Movimiento al Socialismo (MAS) en el Parlamento. Los afines a Evo Morales se negaban aprobar una ley del Censo por asegurar que era aceptar las demandas de la oposición, mientras que los simpatizantes del Presidente señalaban que la intención era seguir conflictuando al país.
El 26 de noviembre, tras un largo debate, en horas de la madrugada, en la plenaria de la Cámara de Diputados aprobaron con 2/3 el proyecto de Ley del Censo y lo remitieron al Senado para su revisión. A mediodía, en la jornada 36 de movilización, los representantes del Comité Interinstitucional anunciaron que se levantaba el paro. Dos días después, la ley llegó al Senado y se sancionó, promulgándose poco después por el presidente Luis Arce Catacora.
La ley señala que, el INE debe remitir al TSE los datos del Censo para elaborar un nuevo proyecto de ley que aborde la distribución de escaños, así como también estípula la nueva distribución de recursos por coparticipación tributaria a partir de septiembre de la gestión 2024.
12 CENSOS EN BOLIVIA
Según señala el archivo del Instituto Nacional de Estadística (INE), el primer Censo de la historia de la República se realizó en 1831, durante el siglo XIX le siguieron los empadronamientos de 1835, 1845, 1854 y 1882.
El primer Censo del siglo XX se realizó en 1900 que reflejaba “la aspiración de realizar un Censo General de la República de Bolivia era del todo punto indispensable proceder al recuento, siquiera no fuese más que de la población, ya que por múltiples circunstancias no era posible formar un inventario detallado de todos sus elementos y riquezas, a semejanza de lo que sucedía, al mismo tiempo, en otros Estados del Globo”.
Tuvieron que pasar 50 años para un nuevo proceso de levantamiento de datos, en 1950 se realizó el Censo Demográfico, séptimo censo nacional de población y primero de vivienda, ejecutado por la Dirección General de Estadística y Censos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Estadística.
El 29 de septiembre de 1976 se efectuó el octavo censo de población y segundo de vivienda, a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE). Al cabo de 16 años, el 3 de junio de 1992 se ejecutó el noveno censo de población y tercero de vivienda. Posteriormente, el 5 de septiembre de 2001 fue levantado el décimo censo de población y cuarto de vivienda. El 21 de noviembre de 2012 se concretó el Censo de Población y Vivienda, undécimo censo de población y quinto de vivienda.
El primer Censo, en 1831 determinó que habitaban el país 1.088.768 personas, el de 2012 que eran 10.059.856 las personas que vivían en Bolivia. (Con datos de Unitel)
