En medio de la aparente calma de las decisiones burocráticas, a menudo se ocultan acciones que pueden socavar los cimientos de la democracia y la estabilidad nacional. Tal es el caso reciente, que merece una mirada detenida y crítica por parte de todos los ciudadanos preocupados por el respeto a la Ley y los derechos territoriales.
Los hechos son claros y preocupantes: En un encuentro suscitado en la Casa Grande del Pueblo, convocado por el Viceministerio de Autonomías y el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se elaboró un Acta a pedido manifiesto de algunos comunarios mal intencionados de Piso Firme y representantes de la Gobernación de Santa Cruz, se tomó la decisión de censar a dicha comunidad perteneciente al Departamento del Beni, como parte del Departamento de Santa Cruz en el próximo Censo de Población y Vivienda 2024. Es una determinación tomada, sin respetar el marco legal de delimitación territorial y las leyes vigentes, que se constituye en un acto de incumplimiento, que vulnera gravemente los derechos territoriales del Beni. Esta medida aparentemente inofensiva, pone en tela de juicio el principio mismo de legalidad y el respeto a la Constitución.
Es imperativo que las instituciones estatales encargadas de velar por el cumplimiento de la Ley y la protección de los derechos de todos los ciudadanos actúen con responsabilidad y respeto a las normas, sin omitir sus deberes legales y/o administrativos, resaltando que un acta o convenio no puede estar por encima de la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes.
Ante esta situación, en la que no se ha considerado vías administrativas o judiciales para su eficaz protección, una Acción de Incumplimiento, para que la justicia actúe con celeridad y firmeza, sería un paso crucial para respetar los derechos del Beni, esperando que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), emita una Resolución que restablezca el orden legal y garantice el respeto a los límites territoriales establecidos por la normativa vigente. Es fundamental que se detenga cualquier acción relacionada con el censo a la comunidad de Piso Firme, hasta que se resuelva legalmente la disputa territorial entre los departamentos de Beni y Santa Cruz. Solo así podremos asegurar el pleno ejercicio de los derechos territoriales del Departamento del Beni y preservar la integridad de nuestro Estado.
La Acción de Incumplimiento, prevista en la Constitución Política y en el ordenamiento Procesal Constitucional, es un mecanismo que garantiza el respeto a la legalidad y a los derechos constitucionales, como un principio fundamental de justicia y equidad que debe prevalecer en Bolivia.
No podemos permitir que decisiones arbitrarias menoscaben la legalidad y la justicia en nuestra sociedad. Es hora de reafirmar nuestro compromiso con el Estado de Derecho y con el respeto a los derechos fundamentales de todos los bolivianos.
El autor es abogado beniano, M.Sc. DAEN y Director del Centro de Investigación CINDEPRO.