El crimen organizado constituye una de las amenazas más graves para la seguridad ciudadana, la economía, el medio ambiente y la institucionalidad democrática de cualquier país. Se trata de estructuras delictivas integradas por personas que coordinan sus actividades de manera relativamente estable para obtener beneficios económicos, ejercer poder, controlar mercados ilegales y, en determinados casos, conseguir protección mediante la corrupción de funcionarios públicos.
A diferencia de la delincuencia ocasional, estas organizaciones cuentan con recursos económicos, división de funciones, redes de contactos y mecanismos de intimidación que les permiten prolongar sus operaciones y dificultar la acción de la justicia.
En Bolivia, esta problemática adquiere características particulares por la diversidad de actividades ilícitas que afectan al territorio nacional, desde el narcotráfico y el contrabando hasta el tráfico ilegal de vehículos, los avasallamientos de tierras, la explotación minera ilegal y el robo de minerales.
Narcotraficantes, contrabandistas y traficantes de tierras
El narcotráfico es una de las expresiones más conocidas del crimen organizado. Sus redes pueden intervenir en la producción, el transporte y la comercialización de sustancias controladas, además de recurrir al lavado de dinero y a la corrupción para proteger sus negocios ilícitos.
Otra problemática preocupante son los avasallamientos de tierras, especialmente cuando grupos organizados ocupan violentamente propiedades privadas, predios fiscales o territorios de comunidades indígenas con fines económicos. Estas acciones no deben ser confundidas con cualquier conflicto de tierras: su carácter delictivo debe establecerse según los hechos y las pruebas. Sin embargo, cuando existen ocupaciones ilegales coordinadas, amenazas, violencia y aprovechamiento económico, corresponde investigar a los responsables y a quienes financian o promueven esas actividades.
También preocupa la explotación ilegal de recursos auríferos y otros minerales. Además de los posibles daños económicos al Estado y a las comunidades, estas actividades pueden provocar deforestación, degradación de los suelos y contaminación de los ríos. En territorios indígenas, la ocupación de tierras y la explotación de recursos sin las autorizaciones correspondientes pueden agravar los conflictos sociales y vulnerar derechos colectivos.
A ello se suma el contrabando, que perjudica a la producción nacional y a la recaudación fiscal, así como el tráfico de vehículos indocumentados o robados. En Bolivia, los llamados chuteros participan en circuitos de comercialización irregular de automóviles; algunas redes pueden estar vinculadas al ingreso de vehículos robados desde países vecinos, entre ellos Chile. También deben ser investigadas las denuncias sobre posibles intercambios de vehículos por drogas, cuando existan indicios que las sustenten.
Los jucus y el robo de minerales
En los distritos mineros de Oruro y Potosí, el robo de minerales constituye otra manifestación de la delincuencia que puede adquirir formas organizadas. Los denominados jucus son conocidos por ingresar a centros mineros para sustraer mineral y comercializarlo ilegalmente.
Cuando estas actividades cuentan con grupos coordinados, redes de receptación, medios de transporte y compradores que facilitan la comercialización, el problema supera el robo aislado y exige investigar toda la cadena delictiva. No basta con detener a quienes ingresan a las minas: también es necesario identificar a quienes reciben, transportan y compran el mineral de procedencia ilícita.
La corrupción: el mayor peligro para las instituciones
Una de las dimensiones más preocupantes del crimen organizado aparece cuando sus integrantes consiguen protección dentro del propio aparato estatal. Una organización criminal puede fortalecerse si obtiene información reservada, manipula procedimientos, compra voluntades o consigue que las investigaciones se paralicen.
Cuando existen indicios de participación de funcionarios públicos, la investigación debe alcanzar a todos los involucrados, sin importar su jerarquía. La Policía, la Fiscalía, los tribunales, las entidades de control y las autoridades políticas tienen la obligación de actuar conforme a la ley, sin privilegios ni encubrimientos.
En este contexto, las denuncias y las investigaciones que involucran a autoridades de alto nivel deben ser esclarecidas con transparencia. Lo que se conoce sobre el exfiscal Roger Mariaca y las investigaciones por presunta corrupción resulta alarmante. Si se confirman las denuncias sobre dinero incautado, extorsión a litigantes y posibles vínculos con el narcotráfico, estaríamos ante un escándalo que comprometería gravemente la credibilidad de la Fiscalía. Bolivia necesita conocer la verdad, identificar a los responsables y acabar con la impunidad, sin privilegios ni excepciones.
Lo fundamental es que ninguna institución encargada de combatir el delito termine convertida en un instrumento de protección para quienes presuntamente lo cometen. Si se demuestra que funcionarios utilizaron sus cargos para favorecer redes criminales, deben responder ante la justicia con las consecuencias previstas por la legislación boliviana.
¿Cómo reconocer al crimen organizado?
Estas estructuras suelen presentar características comunes: organización interna, continuidad de sus operaciones, búsqueda de beneficios económicos, uso de la intimidación, ocultamiento del origen del dinero y, en determinados casos, corrupción de funcionarios públicos.
No obstante, el crimen organizado no se limita a la existencia de grupos violentos. Su capacidad de penetrar circuitos comerciales, instituciones y mecanismos de decisión puede permitirle acumular recursos e influencia, debilitando progresivamente la autoridad legítima del Estado.
Por esa razón, la lucha contra estas redes no puede reducirse a operativos policiales ocasionales. Se necesitan investigaciones financieras, controles efectivos sobre la comercialización de minerales, fiscalización de vehículos, protección de territorios indígenas, coordinación entre instituciones y sanciones contra quienes financian, organizan o encubren actividades ilícitas.
El Estado debe actuar con urgencia
Bolivia necesita una respuesta firme, coordinada y sostenida frente al crimen organizado. Las autoridades no pueden permanecer indiferentes ante el narcotráfico, los avasallamientos violentos, el contrabando, la explotación minera ilegal, el robo de minerales y las posibles redes de corrupción que facilitan estas actividades.
Es urgente que las principales instituciones estatales cumplan sus funciones y hagan respetar las leyes vigentes. La seguridad jurídica, la defensa de los territorios indígenas, la protección del medio ambiente y la recuperación de la confianza ciudadana dependen de que la ley se aplique sin discriminación y sin privilegios.
La lucha contra el crimen organizado exige, además, voluntad política, independencia judicial, transparencia y rendición de cuentas. No puede haber una justicia severa para los delincuentes de menor rango y tolerancia para quienes, desde posiciones de poder, pudieran protegerlos o beneficiarse de sus operaciones.
El desafío de Bolivia no consiste solamente en perseguir a los delincuentes, sino en impedir que sus redes económicas y sus eventuales vínculos con el poder político o institucional debiliten al Estado. Cuando la corrupción garantiza impunidad, el crimen organizado deja de ser únicamente un problema policial y se convierte en una amenaza directa para la democracia, la soberanía y el futuro del país.
El autor es comunicador social.