Denunciarán al Estado si designan magistrados al margen de la CPE

Puntualizando que la Constitución solo otorga a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la potestad para preseleccionar candidatos a magistrados de Altas Cortes, la senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, adelantó que denunciará al Estado ante la Organización de Estados Americanos (OEA), si se designan autoridades del Órgano Judicial de manera inconstitucional.
En declaraciones a medios de prensa en la Sede de Gobierno, la legisladora representante de la capital del Estado, reiteró que cualquier salida al problema de las elecciones judiciales por una vía que no sea la votación de la población en urnas, estará vulnerando la Constitución.
Con esto, descartó la posibilidad de que los proyectos de ley y otras iniciativas anunciadas los últimos días por políticos y Asambleístas, llegue a prosperar sin vulnerar la normativa vigente.
“Ninguna solución que vulnere la Constitución es válida, la Carta Magna claramente establece que la Asamblea Legislativa solo tiene la facultad de preseleccionar. Nosotros no podemos arrogarnos la atribución del pueblo para elegir. No puede haber una ley, ni temporal, ni provisoria, ni especial, designando a ningún ciudadano por muy ilustre que sea”, expresó Salame.
En ese sentido, apuntó que cualquier ciudadano que vaya a ejercer algún cargo en las altas magistraturas del Órgano Judicial, debe provenir de una elección popular, al ser la población boliviana la única habilitada por norma para definir quiénes serán sus autoridades en el ámbito de la justicia.
Salame además advirtió que si el país se considera un Estado respetuoso del Estado de Derecho, sus autoridades evitarán incurrir en medidas como un “decretazo” que vaya más allá de las competencias del Presidente, una ley para designar magistrados en el Parlamento, o una posible determinación unilateral e ilegal para dar paso a una “autoprorroga” de magistrados.
“Entre las competencias del Presidente del Estado Plurinacional no está la de elegir o designar a magistrados de las Altas Cortes vía decreto (…). Si la Asamblea Legislativa opta por hacer una ley para elegir autoridades estaría cometiendo un grave error y la auto prórroga, sería jurídicamente una aberración”, precisó.
Adelantó que, en caso de tratar de forzar una salida por cualquiera de las posibilidades mencionadas, en su calidad de asambleísta nacional y abogada constitucionalista, denunciará esta irregularidad ante la Organización de Estados Americanos.
“Silvia Salame denunciará al Estado boliviano o al Órgano que vulnere la Constitución, por la vulneración de la Carta Democrática. No estaríamos afectando solo la Constitución sino al propio Estado de Derecho”, dijo la Senadora, asegurando que un escenario como el descrito se constituiría en un verdadero “quiebre democrático” en el país.
En la misma línea, el senador Henry Montero, de Creemos, sostuvo que la forma más viable para dar una salida al problema de las Elecciones Judiciales, pasa por un “acuerdo político nacional” donde las facciones del oficialismo y las fuerzas de oposición en la ALP, superen sus divisiones y puedan avanzar en la aprobación de una normativa que direccione y garantice la realización de los comicios judiciales.
“Si continúa la división en ese aspecto no vamos a poder avanzar pese a toda la voluntad que pongan las fuerzas de oposición”, manifestó.
Asimismo, Montero se sumó a los criterios que descartan una salida vía decreto, “ley corta, larga, sorteo o rifa”, sin que esto signifique vulnerar la Carta Magna.
“Una salida constitucional no existe. Todo lo que se pueda hacer es inconstitucional pero si se puede buscar acuerdos políticos para poder salvar esta situación”.
Reiteró que la Constitución establece el 31 de diciembre como la fecha en que las actuales autoridades de justicia concluyen sus funciones, por lo que tratar de ampliar este mandato o designar reemplazos fuera de un proceso eleccionario, está al margen de la Constitución, lo que obliga a trabajar en la aprobación de una ley.
La senadora Salame agregó que, la única forma de evitar “una debacle” en todo el sistema judicial es trabajar en la elaboración de una normativa para gestionar temas como el pago de salarios y otros asuntos relacionados con el funcionamiento de Tribunales de Instancia a partir del mes de enero.
Asimismo, planteó que la ALP proceda con la redacción y tratamiento de un nuevo Proyecto de Ley en reemplazo del PL 144, cuyo tratamiento fue suspendido por resolución del TCP. “La ALP si tiene competencia para iniciar el tratamiento de otro proyecto de ley”, concluyó.
Ayer, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, llamó a un acuerdo entre los Órganos Ejecutivo y Legislativo para resolver la actual crisis judicial, remitiendo una nota al presidente en ejercicio, David Choquehuanca, con esta propuesta.
“Considero importante un acuerdo político entre el Órgano Ejecutivo y las tres fuerzas del Legislativo. Por tanto, yo me estoy atribuyendo en mandar una nota al hermano presidente en ejercicio, David Choquehuanca, para que pueda promover y generar condiciones de diálogo, de discusión y de debate, entre estos dos órganos importantes, y podamos viabilizar el camino para resolver este conflicto que está generando mayor incertidumbre”, manifestó.
Apuntó a que la convocatoria a reunión o diálogo pueda llevarse a cabo en los siguientes días, para que esto pueda resolverse lo antes posible.