En 2009, luego de la aprobación mediante referéndum y promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, se adelantaron las elecciones en Bolivia, implicando el acortamiento del mandato de Evo Morales, quien fue elegido para gobernar desde enero de 2006 hasta enero de 2011. Sin embargo, para viabilizar la aprobación del nuevo texto constitucional, mediante un acuerdo entre el MAS y la entonces bancada de Podemos y Unidad Nacional, se implementó la disposición transitoria I. Esta disposición, en su párrafo II, establece que «los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones». El adelantamiento de la elección fue un mecanismo para eludir los efectos de esta disposición constitucional. Si Evo Morales hubiera sido candidato a la reelección en 2010, habría gobernado desde 2011 hasta 2015 sin opción a una segunda reelección que permitiera un tercer mandato. Es decir, sacrificó un año para ganar cinco, gobernando así de manera continua durante 14 años.
Evo Morales intentó, mediante referéndum en 2016, modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado para posibilitar una nueva candidatura. Sin embargo, los resultados fueron negativos para sus aspiraciones. Mediante una cuestionada acción constitucional, forzó su candidatura para postularse por tercera vez a un cuarto mandato. Los resultados no lo acompañaron, surgieron denuncias de fraude electoral basadas en fuertes indicios, como el corte intempestivo del conteo de votos TREP, generando una crisis social y política. Solicitó que la OEA realice una auditoría a estas elecciones, solicitud que no fue respaldada por la oposición que era muy escéptica sobre el papel de esta instancia internacional. Sin embargo, en su resultado preliminar, el informe de la OEA hizo mención a inconsistencias técnicas de los resultados. La presentación de este informe preliminar, junto con otros hechos, derivó en la renuncia de Evo Morales y su equipo.
Luis Arce podría tener motivos para forzar un adelantamiento de elecciones, aunque sus motivos no necesariamente son los mismos que los de Evo Morales en 2009. Desde 2021, Arce no cuenta con un apoyo incondicional en la Asamblea Legislativa, aprobar una norma se le hizo muy difícil y es evidente que la situación económica está atravesando una fuerte turbulencia. Crisis y campaña electoral no son buenos factores para quien pretende reelegirse. Tenemos como ejemplo lo sucedido recientemente en Argentina. Por lo tanto, antes de enfrentar una profunda crisis en 2025, le resulta más sostenible llevar a cabo una elección en 2024 con una situación económica aparentemente aún estable. Sin embargo, no cuenta con la cohesión de la maquinaria electoral que lo encumbró en 2020. No le ha sido endosado el poder del Movimiento al Socialismo y el apoyo de las organizaciones sociales está condicionado a diversos factores prebendales como espacios de poder, concesiones y otros.
Para Evo Morales, también resulta atractivo el adelantamiento de elecciones, pero por motivos distintos. Sus motivaciones son más egoístas y tienen que ver, por un lado, con su pretensión de ser el «Presidente del Bicentenario» y también con el significado personal que tiene el 22 de enero para él. Recordemos que un 22 de enero de 2002, fue expulsado del entonces Congreso Nacional, hecho que se concretó tres días después y que luego fue revertido por el Tribunal Constitucional. Cuatro años después, ante ese Congreso que lo había expulsado, él juró, por primera vez como Presidente, y otros cuatro años después decretó esta fecha como el día del Estado Plurinacional de Bolivia. Por lo tanto, hay razones para considerar que Evo Morales pretende ser elegido nuevamente como primer mandatario el 22 de enero de 2025. Sin embargo, para cumplir con esa intención, Morales debe contar con el músculo necesario para generar estas condiciones. No cuenta con la lealtad de asambleístas suficientes para hacer aprobar una ley que adelante los comicios, no tiene certeza sobre el control de su propio partido ante las observaciones del TSE al congreso de Lauca Ñ y tampoco ha demostrado contar con capacidad de movilización de masas como con las que contaba antes del 2006 o en ejercicio del gobierno.
Sería lógico que sea la oposición quien busque el adelantamiento de elecciones, pero lo cierto es que un adelantamiento encontraría a las distintas fuerzas de oposición en off-side. La oposición no cuenta con una organización clara, liderazgos visibles ni militancia activa. Existen iniciativas interesantes como la de celebrar primarias abiertas, pero hay poca voluntad de los actores políticos para concretar estas propuestas.
Diversas encuestas muestran a Carlos Mesa como la opción con mayor cantidad de adherentes para encabezar a la oposición y vislumbran el surgimiento de nuevos liderazgos, como el de Vicente Cuéllar, actual Rector de la Universidad Pública cruceña. Sin embargo, la alianza Comunidad Ciudadana ha hecho pocas acciones para organizarse políticamente en estos cuatro años, y Vicente Cuéllar apenas es conocido en el occidente del país, por lo que su techo electoral es muy similar al de Luis Fernando Camacho en 2020.
El adelantamiento de elecciones puede ser un buen negocio para el oficialismo, para cualquiera de sus dos alas, siempre que cuenten con las condiciones necesarias, en el marco de sus evidentes intereses. Mientras que, para la oposición, implica un reto muy difícil para el cual parece no estar preparada.
El autor es abogado.