El último 25 de octubre, el fiscal general Juan Lanchipa imputó a la expresidenta Jeanine Añez por la presunta comisión del delito de genocidio, como consecuencia de las 20 muertes ocurridas en Cochabamba y La Paz en noviembre de 2019.
Sin entrar al fondo de la imputación, el primer apunte al respecto es que la acusación debe presentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia a fin de que éste solicite autorización a la Asamblea Legislativa Plurinacional para el inicio de un proceso en contra de la imputada. ¿Por qué se debe proceder de esa manera? Porque eso establece, expresamente, el artículo 16 de la Ley No. 044 promulgada por Evo Morales el 8 de octubre de 2010 para el juzgamiento de la presidenta o presidente y otras altas autoridades del Estado.
Legal o ilegalmente, legítima o ilegítimamente, Jeanine Añez Chávez fue presidenta, así que los delitos cometidos en su gestión deben ser juzgados mediante el procedimiento establecido en esa ley y la Constitución Política del Estado. Luis García Meza, que fue presidente mediante un golpe militar, fue juzgado por esa vía.
Los jueces de El Alto y Sacaba que se declararon incompetentes para juzgar a Añez están aplicando correctamente la ley, mientras que los jueces ordinarios que iniciaron dos procesos penales en su contra, y la tienen presa por efecto de éstos, están cometiendo el delito de prevaricato, pero, como vemos hasta hoy, les importa un comino porque, acorde a la filosofía de su jefe Evo Morales, “le meten nomás”.
Parecería una simple movida política, pero el daño que se le está causando a la ya desprestigiada justicia boliviana es enorme: si hay jueces que alteran las reglas de la jurisdicción y competencia, o las pasan por alto, entonces ya no tenemos certeza de que aplican bien la ley.
Así, si se mete a la cárcel a un alcalde, como está ocurriendo en Potosí, no tenemos certeza plena de que los jueces que dictaron la detención preventiva estén obrando conforme a ley. Cuando se le da detención domiciliaria a otro, sin derecho a trabajo, como ocurre en La Paz, las posibilidades de manipulación política se multiplican.
¿Cómo confiar en una justicia mentirosa? Los jueces que aplican la ley a gusto y sabor de los políticos, o de quienes pueden pagar su precio, se han multiplicado. ¿Cómo sabemos quiénes aplican la ley o quiénes están actuando como sicarios si las interpretaciones jurídicas se pueden justificar mediante el uso retorcido del lenguaje técnico jurídico? Y, para empeorar las cosas, ahora también se persigue a los jueces que aplicaron bien la ley. Ahora mismo, yo conozco un caso en el que una persona que perdió un juicio en Potosí ha acusado de prevaricato al juez que falló en su contra con el obvio propósito de vengarse. Presentó la denuncia en La Paz y tanto el juez como el fiscal han viabilizado la acusación. Su propósito es claro: buscan detenerlo porque en éste, como en cientos de casos en este país, cuya institucionalidad se destroza, lo importante no es hacer justicia sino, con el más puro estilo Morales, “sentar la mano”.
Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.