En las últimas semanas, la Asamblea Legislativa ha vuelto a ser el centro de controversias por cuestiones que no se relacionan precisamente con la promulgación de leyes o la fiscalización. La suspensión del Fiscal General, tras su detención por presuntos delitos penales, generó una serie de dudas sobre su elección en 2024 con más de dos tercios de votos de los asambleístas. Declaraciones oficiales y acusaciones de ex diputados sugieren el tráfico de influencias y la compra de votos en esa elección.
Paralelamente, y ante la renovación de las directivas parlamentarias, una de las Alianzas con mayor número de representantes, ha develado públicamente la ruptura de su bancada con varios diputados disidentes que ya no responden a las estructuras partidarias con las que fueron elegidos. Por su parte, la sesión de la semana pasada de la Cámara de Diputados fue convocada para tratar la ley del Día Nacional del Charquekan y de la Chicha y el Chicharrón, y la declaración como patrimonio cultural del pan marraqueta y la ratafía.
Estos hechos muestran un escenario de innegable degradación del primer poder del Estado, cuyos síntomas principales son la opacidad en la aprobación de leyes, agendas legislativas divorciadas de las necesidades del país e incapacidad de fiscalización, como resultado de la escasa formación técnica y la pobre calidad política y ética de muchos representantes nacionales.
Sin embargo, la crisis de la Asamblea Legislativa no es reciente y no se la puede atribuir exclusivamente a los parlamentarios. Intervienen otros factores, como la debacle del sistema de partidos, la personalización de la política, la ineficacia de las normas y las instituciones de control, la ausencia de un sistema de rendición de cuentas y, sobre todo, las formas discrecionales de selección de candidatos.
El problema es estructural y no puede solucionarse pidiendo mayor responsabilidad individual a los parlamentarios o esperando que los propios partidos corrijan sus prácticas. Es necesario ajustar los mecanismos institucionales que determinan quiénes llegan al Legislativo, ante quiénes responden, cómo se relacionan con sus electores y qué mecanismos existen para exigirles cuentas.
Quizá haya llegado el momento de una transformación de fondo del sistema de elección parlamentaria, que podría incluir la eliminación completa de los escaños plurinominales y la elección de los asambleístas en una fecha distinta de la presidencial. Esto no supone desechar la participación de partidos políticos como medios de postulación, sino establecer mecanismos para que el elector identifique mejor a sus candidatos, sin renunciar a la cantidad de parlamentarios ni a las garantías de representación constitucional.
El modelo no es nuevo. Hay países que tienen comicios parlamentarios de mitad de mandato y otros que renuevan sus Asambleas en ciclos distintos de la Presidencia, lo que otorga una legitimidad electoral más específica a los parlamentarios y hace más visible su responsabilidad.
Cuando existe una circunscripción claramente identificable, una candidatura individual visible y una elección separada, los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir representantes más probos y capaces. Aunque es importante precisar que para que el cambio produzca resultados, deben existir reglas de selección de candidaturas, acceso a información, transparencia y rendición de cuentas que lo hagan posible.
En Bolivia, donde la capacidad de construir acuerdos entre fuerzas políticas es un factor central para la gobernabilidad, la separación de elecciones exigiría fortalecer los mecanismos de negociación y coordinación. La elección legislativa separada y uninominal puede ser una oportunidad para vincular la legitimidad electoral y la legitimidad por desempeño a través de una reforma institucional que debería procurar ambas.
Bolivia necesita una Asamblea Legislativa de calidad, que represente mejor a los ciudadanos, responda por sus decisiones y esté a la altura de sus responsabilidades. Para conseguirlo, no basta con cambiar las reglas electorales: hay que transformar los mecanismos de selección, transparencia y rendición de cuentas. La democracia no termina en las urnas; comienza también la responsabilidad de quienes reciben el mandato ciudadano.
El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.