La pobreza restringe la aplicación de las leyes

Brindar seguridad y garantizar la circulación para las personas, luego de hacer gastos para el mantenimiento de caminos y carreteras en el país, depende de presupuestos para proveer personal debidamente capacitado y equipado para combatir la delincuencia que se observa especialmente en zonas fronterizas. Esta es una realidad que las naciones pobres y pequeñas deben enfrentar. Sin embargo, magros presupuestos impiden que sean aplicadas plenamente las leyes punitivas en contra de la delincuencia organizada; menos es posible la contratación y entrenamiento de personal.
Es el drama que padecen naciones con excesiva pobreza, que no pueden encarar el problema de una delincuencia que crece constantemente. En primer lugar, las fuerzas de vigilancia y control no disponen de suficientes medios financieros para adquirir armamento y menos para tener presupuestos acordes a la urgencia de contar con más personal. Por ello, el escaso dinero existente debe ser destinado a atender necesidades más perentorias de la población que, en algunos casos, padece de hambre y enfermedades. Sería justo cumplir con reglas de control efectivo siempre que se cubra los requerimientos para equipamiento y mayor cantidad de personal y para un tiempo prolongado. Muchos aspectos del diario vivir no se los puede atender cuando los medios son escasos y lo que existe es para atender necesidades muy urgentes.
La construcción y conservación de caminos, más la dotación de personal de mantenimiento, la adquisición y mantenimiento de maquinaria y la instalación de campamentos y equipos también requieren partidas de dinero que sean permanentes y no hay organización que pueda solventar tanto gasto. Entonces, el gobierno destina partidas nimias para atender situaciones muy esporádicas y no muestra energía y capacidad para lograr que todo ese proceso de lucha contra la inseguridad sea efectivo.
En alguna reunión especializada de Naciones Unidas fue tratado el tema; pero los resultados se refirieron solo a “crear una comisión que estudie y solucione” el problema, sin que se arribe a remedio concreto alguno.
La pobreza restringe la aplicación de las leyes porque sin dinero no es posible planificar ni organizar operativos efectivos tanto para el mantenimiento de carreteras, para su conservación y menos para contratar personal que refuerce al existente destinado a garantizar un tránsito seguro. Así, cuanto más vueltas se da al caso, parece que las posibles soluciones se diluyen en la formulación de ideas, criterios y planes sin perspectiva alguna de realización.