Luego de conocerse el informe preliminar sobe el estado de los derechos humanos y la justicia en el país, elaborado por la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó el país esta semana, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, aseguro que los bolivianos conocen la crisis de justicia, por lo que se requieren soluciones o recomendaciones de cumplimiento obligatorio.
El parlamentario cuestionó el primer abordaje de los comisionados de la CIDH, pues sólo encuentra enunciados sobre la falta de independencia, transparencia, inclusión, atención oportuna u otros tópicos que son conocidos por el ciudadano de a pie en Bolivia.
“Los síntomas los sabemos todos, sería prudente preguntarles a estos relatores la dosis de cura y solución que se necesita y que el Gobierno no deja aplicar para mejorar la justicia”, expresó el legislador representante de la capital.
Observó además que en esta primera intervención pública de los relatores se hayan centrado en hacer referencia a temas como la agenda de género o la inclusión de ciertos sectores, que es una característica de organismos internacionales cada vez más influenciados por la agenda del socialismo del siglo XXI.
Pedrazas también se refirió a la participación del comisionado mexicano Joel Hernández García en un acto de “desagravio” que organizó el Ministerio de Justicia para beneficio de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que organizó los comicios generales en 2019.
“Estas recomendaciones que se vayan a dar no tendrán efecto inmediato, pero sí fue inmediata la participación del señor Hernández García en el acto de desagravio a los exvocales del TSE, cuando todos los bolivianos vimos el fraude electoral de ese año”, declaró.
Para el legislador, la CIDH debería plantear soluciones concretas y recomendaciones de carácter vinculante, porque ya es una constante que el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) acostumbre desechar aquellos informes o auditorías que son contrarios a su línea ideológica o no expresan criterios que beneficien su posición.
El diputado por Chuquisaca recordó los informes internacionales sobre la masacre en La Calancha por la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, que hasta ahora no logran dar justicia o reparación a las víctimas y esclarecer la muerte de tres ciudadanos.
Mientras los relatores de la CIDH realizan sus observaciones genéricas, concluyó Pedrazas, el Gobierno y el MAS avanzan en su reglamento y elección judicial para volver a someter al Órgano Judicial a sus intereses políticos y así reforzar la persecución política en Bolivia.
El informe preliminar de la CIDH, tras su visita al país, fue presentado el viernes por la relatora Esmeralda Troitiño, en el documento se advirtió que en Bolivia existe “falta de acceso a la justicia”, además de un recrudecimiento en la violencia partidista y extremada polarización política.
Ante ello, se apuntó al proceso de selección de integrantes para Altas Cortes como una oportunidad histórica para una reforma integral de la justicia, lo que requiere de la concertación de todas las fuerzas representadas en la Asamblea Legislativa.
La relatora Troitiño, destacó las reuniones sostenidas con diversas autoridades, representantes de la sociedad civil y víctimas de violaciones a derechos en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, con la finalidad de verificar la situación de los derechos humanos en el país.
Señaló que el informe preliminar elaborado por esta delegación, hace referencia a avances en la inclusión social y desafíos estructurales que persisten en el país.
“Se ha visto el recrudecimiento de situaciones preocupantes en materia de la violencia partidista producto de una extremada polarización política que ha provocado una fractura en la sociedad boliviana y que urge ser superada”, indicó.
El informe consta de siete puntos en los que, entre otros temas, se expresa preocupación por la falta de inclusión de algunos pueblos indígenas; la necesidad de fortalecer el sistema de salud; preocupantes datos de contaminación hídrica, deforestación y avasallamiento; elevados niveles de violencia de género, feminicidios y violencia sexual; actos de violencia en protestas sociales; afectación a la libertad de expresión y agresiones a la prensa; falta de acceso a la justicia; además se cuestionó que la medida de la detención preventiva se haya convertido en una práctica recurrente, entre otros.