El Gobierno busca con ahínco que la Asamblea Legislativa de Bolivia apruebe un proyecto de ley para la compra y venta de oro de las reservas internacionales (“Ley del oro”). Como se verá más abajo, por un lado, en el país existen actualmente leyes que permiten al Banco Central comprar oro de los mercados financieros internacionales y de los productores nacionales. Por otro lado, dada la intensa caída de las reservas en divisas, se deduce que el objetivo del Gobierno, que subyace al proyecto de ley, es la venta de oro físico, que conlleve la captación de dólares, para aumentar la liquidez en moneda extranjera, que cubran tanto la demanda derivada de la importación, como el pago del servicio de la deuda externa.
La Ley 1670 de 31/10/1995 y la Ley 175 de 11/10/2011, permiten al Banco Central de Bolivia (BCB) comprar oro de los mercados financieros (Ley 1670) y de las cooperativas y empresas mineras estatales (Ley 175). El Proyecto de Ley 219-22/23 (“Ley del oro”) busca que el BCB también pueda colocar y vender oro en los mercados internacionales, a través de operaciones como inversión, depósitos en custodia, conversión en divisas e instrumentos de cobertura. Asimismo, pretende dar al Banco Central mayor discrecionalidad en sus decisiones de compra y venta de oro, y que éstas sean de directo dominio y decisión de su directorio, sin la obligatoriedad del seguimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa.
Desde el año 2010, en el marco de las leyes vigentes, el BCB ha podido adquirir 14 toneladas de oro de los mercados financieros internacionales, en dos operaciones de 7 toneladas cada una (años 2010 y 2011). Además, éste habría comprado por lo menos 250 kilos de oro de las empresas mineras nacionales, en los años 2012, 2013 y 2018.
A diciembre de 2022, según datos del FMI, las reservas internacionales de Bolivia definidas en oro físico suman 42,5 toneladas, que equivalen a US$ 2.519 millones, que suponen más del 65% de las reservas internacionales totales. Todo el oro no se encuentra en las bóvedas del Banco Central, se localiza en cajas fuertes de bancos extranjeros; de hecho, en 2017, el expresidente del BCB, Zabalaga, indicaba que el oro se ubicaba en bancos de Inglaterra y Suiza (El País, 14/5/2018); el actual jefe del directorio, Rojas, dice que solo hay una “pequeña parte” del oro en las bóvedas del ente emisor, y el resto está fuera –no dice cuánto ni dónde– (Bolivia TV, 10/2/2023).
Como se ha visto, actualmente el país cuenta con leyes efectivas para la compra de oro, por lo que el Proyecto de Ley 219/22-23 es redundante e innecesario para el fortalecimiento de las reservas internacionales. Asimismo, la escasa cantidad de divisas presentes en las reservas –US$ 372 millones a febrero de 2023 que contrastan con las que había en noviembre de 2014: US$ 13.586 millones– lleva a deducir que el celo del Ministerio de Economía y BCB por aprobar su proyecto de ley, responde al interés de activar el mecanismo de venta de oro, que convertiría las reservas de oro en dólares, para satisfacer la demanda de divisas de los importadores de los sectores privado y público, y para hacer frente al pago del servicio de deuda externa; lo cual debilitaría aún más las mermadas reservas.
Como recomendación de política económica, para evitar el debilitamiento de las reservas internacionales, se sugiere al Gobierno: primero, que compre oro de las cooperativas y empresas mineras nacionales, en el marco de la vigente Ley 175 de 2011; segundo, que los pagos por las compras de oro se hagan preferentemente en moneda nacional; tercero, que evite vender oro, pues se prevé que el precio del metal continuará en ascenso; y, cuarto, que haga gestiones para el retorno de los lingotes de oro boliviano –similares a las que hizo Alemania en 2017– que actualmente se encuentran en bancos del exterior: no se concibe que un gobierno que en teoría tiene vocación soberana, permita que la riqueza nacional se encuentre lejos del territorio nacional, especialmente en este periodo de guerra e inestabilidad geopolítica mundial.
El autor es Dr. en Economía y profesor de Economía aplicada.