El acreditado Diccionario de la Real Academia Española, nos señala que el Censo es el padrón o lista de la población o riqueza de una nación o pueblo, en este caso sería de un Estado. Asimismo, desde una perspectiva histórica anota que es el padrón o lista que los censores romanos hacían de las personas y haciendas en la Antigüedad. En todo caso, tanto ayer como hoy, todo censo tiene mucha importancia para el desarrollo de todo país.
En Bolivia se realizaron 11 procesos censales, los dos primeros fueron en 1831 y en 1835 durante el gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz en el marco de su labor constructiva del nuevo Estado boliviano, y el último se verificó en 2012, con no pocas observaciones en su organización. En nuestro medio, los censos de población y vivienda se realizaron cuasi cada diez años (1992, 2001, 2012), como un período óptimo para evaluar elementos estructurales de desarrollo e inversión pública.
En el transcurso de 2022, de acuerdo con ese promedio de diez años, se inició el cabildeo sobre la necesidad de un nuevo Censo, sin embargo, como nunca antes, este evento estadístico de alcance nacional, se contaminó con intereses políticos incompatibles con sus fines originales.
Los resultados de un censo técnico bien realizado –antes de ser parte de un debate de grupos políticos– tienen múltiples efectos positivos en políticas públicas de salud, educación, medio ambiente, energía, comunicaciones, seguridad y vivienda, entre otras materias, bajo procedimientos de toma de decisión, no sólo del ejecutivo sino también de los órganos legislativo y judicial.
El objetivo de todo censo riguroso es lograr información valedera que sea base para un urgente y verdadero Encuentro Nacional de Desarrollo o Pacto Fiscal, que redistribuya recursos financieros a mediano plazo y no simplemente bajo una medición anual, con desagregación de indicadores, no solo a los 342 municipios, sino incluso a niveles de pequeños cantones, barrios y hasta manzanos.
Asimismo, el próximo censo debe abarcar preguntas, que por lo menos tengan una proyección y alcance hasta 2035, esto con base en los postulados del Consenso de Montevideo –ratificado por el Estado boliviano– que refuerza la implementación de los asuntos de población y desarrollo después de 2014.
Debemos recordar que en 2012 –a partir del ideario del Estado Plurinacional de Bolivia– se reclamaba evidenciar nuestra raigambre indígena, por esto, aquel censo incluía ciertas preguntas que estaban destinadas a la afirmación del discurso del poder (pertenencia a una nación) y que éste sea coherente con una mayoría de población indígena originaria campesina, sin sopesar los reales factores de desarrollo y pobreza para delinear políticas públicas.
Reiteramos hasta el cansancio por la realización oportuna –hasta 2024– de un censo altamente técnico y con organización idónea, como necesidad imperiosa, tras la deficiente actualización cartográfica del último censo de 2012, que no alcanzó a una visita y revisión de todos los hogares bolivianos. Especialistas en esta temática, señalan que para 2012, nunca se gastó tanto en un operativo estadístico nacional, para obtener resultados parciales y no confiables.
El autor es docente emérito de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA.