La política de nuestro país en estas últimas décadas del gobierno populista de izquierda, se ha desarrollado en una pugna entre dos visiones de país contrapuestas, no tanto en aspectos ideológico-programáticos, sino en relación con las políticas de gobierno, en aspectos que tienen que ver más con el ejercicio y la conservación del poder, y algunos otros aspectos que son divergentes pero que no afectan demasiado a las estructuras del Estado.
Desde 2006 en que llega al gobierno del Estado el dirigente de los cocaleros del Chapare, Evo Morales Ayma, se fue desmantelando la institucionalidad del ordenamiento estatal, de manera que hoy todo el aparato administrativo del Estado, incluyendo los órganos o poderes del mismo, están controlados por el gobierno, entre los que está el Órgano Judicial, que ha dejado de ser tal, para convertirse en un aparato político represor. Primero se enjuició a los miembros del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, mediante procesos en Legislativo, hasta conseguir su renuncia, en una visión no democrática, en la que todo debe estar alineado a la política del gobierno.
Las Fuerzas Armadas, fueron cooptadas partidariamente, designando comandantes no de acuerdo con las normas y tradición castrense, en la que deben ocupar los más altos comandos los más destacados oficiales en su carrera, sino a individuos afines al gobierno, lo mismo que en la Policía, y así en todo el aparato público. Además, se persiguió judicialmente a las autoridades elegidas por el voto en las instancias de poder regional y local, de tal suerte que los prefectos y gobernadores, ya hasta alcaldes, de orientación política distinta del oficialismo, fueron echados de sus funciones y en algún caso fueron encarcelados durante varios años, como el caso del que fue Prefecto de Pando, luego de ser tomada la ciudad de Cobija militarmente y con gente aleccionada.
Todo aquel individuo que osaba opinar, escribir y criticar al gobierno, era de inmediato enjuiciado, procesado y perseguido. Todo el aparato del Estado fue convertido en un aparato represor, dejando a su paso cerca de un centenar de muertos en conflictos político-sociales. La ciudadanía, en especial en las urbes capitalinas, reaccionó contra la violencia del gobierno, como sucedió en Cochabamba, cuando los cocaleros y grupos campesinos tomaron la ciudad capital del Valle, asaltando las oficinas de la Prefectura, todo para echar de sus funciones a la autoridad elegida por el voto.
La violencia directa de los grupos civiles oficialistas, de la policía etc., en las calles fue la nota de los años de gobierno de Morales Aima, llegando incluso a arremeter policialmente contra los discapacitados que reclamaban un bono por su situación física y mental. Enfrentamientos entre mineros cooperativistas y otros, dejaron varios muertos, para rematar en la muerte de tres jóvenes en la Calancha en Sucre, debido a protestas de los habitantes de esa ciudad, hasta la intervención policial violenta a una marcha indígena en Chaparina, por órdenes de las autoridades políticas de gobierno, aunque los responsables se lavaron las manos, echando las responsabilidades a personal subalterno. Los casos son tantos que tendríamos que escribir un libro, sólo por el tema de la violencia política desde el poder, en estos años.
En la segunda versión del régimen populista de izquierda, la violencia ha seguido el mismo curso, es decir que los problemas y demandas de la sociedad civil, se resuelven o pretenden resolver por la fuerza. Así en la sede de gobierno, durante un mes, la policía en su rol represivo, lanzó varios miles de gases lacrimógenos contra los cocaleros de Yungas que protestaban por haber el gobierno avalado la apertura de otro ilegal mercado de coca.
En Santa Cruz, luego de un paro de 36 días de la ciudadanía que pedía se realice el censo en 2022, como había asegurado el gobierno, incluso mediante decreto, la represión policial fue tan violenta que organismos internacionales condenaron la misma, y ahora prosigue el problema, debido a detención de la máxima autoridad departamental de Santa Cruz y su encarcelamiento en una cárcel de máxima seguridad, protestas que se han extendido a otras regiones del país.
En la ciudad de La Paz, el pasado martes, una concentración pacífica de ciudadanos en la zona sur, fue violentamente atacada por gente del gobierno, previamente fueron concentrados en la Plaza Humboldt, conformada por en su mayoría por empleados públicos en papel de grupo de choque, a los que se les proveyó de petardos y banderas rojas con la hoz y el martillo del comunismo internacional, al igual que en Oruro. Esta gente no deparó en agredir a trabajadores de la prensa.
La violencia ejercida desde el aparato público o de cualquier origen, ha de tener como resultado más violencia, y ésta de dolor y muerte. En democracia se debate, se argumenta, se busca coincidencias, en dictadura se arremete con violencia.
El autor es Abogado, Politólogo, Escritor y Docente.