Santa Cruz, el departamento más próspero del país, se ha convertido no sólo en la cabeza económica, sino que ha sumido el liderazgo en la defensa de los valores democráticos, pues desde que asumió el poder el régimen autoritario del populismo-socialista, la región oriental ha hecho resistencia. Ya en la anterior versión de catorce años del régimen, con la finalidad de descabezar a su dirigencia cívica-ciudadana, se montó el caso denominado del “Hotel Las Américas”, donde incluso se quitó la vida sumariamente de un ciudadano boliviano y otros extranjeros, luego se encarceló a dirigentes y destacados ciudadanos cruceños, en una tramoya que fue denunciada y reconocida incluso por uno de los fiscales que conoció el caso.
En el reciente pasado año, la ciudadanía cruceña hizo un paro que duró 36 días, exigiendo se realice el censo de población en 2022, como había comprometido el gobierno, mediante decreto. Con la pretensión de controlar el paro, el gobierno ejecutó una serie de medidas de represión policial y judicial, sin mayor éxito, incluso se pretendió ahogar la economía productiva de la región mediante el cerco y prohibición de exportaciones y cierre temporal de sus empresas. El pueblo persistió y logró el compromiso gubernamental de que los datos del censo sean emitidos en tiempo oportuno.
Siguiendo el curso de la política represiva del régimen, ahora apresó al gobernador elegido de Santa Cruz, con la finalidad de anular su liderazgo, utilizando a sus brazos represivos, la policía, los jueces y fiscales, determinando el juez Sergio Pacheco su detención en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, con argumentos tan pueriles como que no tiene domicilio ni trabajo conocido, cuando es la primera autoridad electa del departamento cruceño, es decir una aberración judicial.
En el gobierno de la segunda versión del régimen populista, desde el mismo día de la toma de posesión de mandato, el presidente habló de un “golpe de Estado” que se habría producido en noviembre de 2019, cuando todos sabemos que fue una insurrección ciudadana pacífica, debido al grosero fraude electoral con el que se pretendió dar al jefe cocalero del Chapare un cuarto mandato, ilegal e inconstitucional, que determinó la renuncia y huida del pretendido presidente “de por vida”.
El gobierno ha montado procesos político-judiciales para precisamente encarcelar y acallar la voz de los opositores, utilizando una suerte de triquiñuelas, como poner de denunciante a una mujer indígena, que ejerció una diputación y que fue parte del gobierno Jeanine Añez-MAS, pues este partido cogobernó desde el Órgano Legislativo, donde tenía mayoría, aprobando una serie de normas legales que acreditaban al gobierno denominado transitorio.
Ante la detención violenta del gobernador de Santa Cruz, por policías encapuchados y su traslado a la ciudad de La Paz, convertida en centro de la represión gubernamental, la ciudadanía cruceña se ha volcado a las calles en protesta y nuevamente la policía ha lanzado miles de gases y balines a los pobladores, reiniciando el conflicto de los 36 días del pasado año, con excesos policiales reprobables, ya no de siembra de falsas pruebas, sino de quema de vehículos, apropiación de motos y bicicletas, detención de jóvenes varones y mujeres, además de denuncia de quema de instalaciones públicas y domicilio de un ministro represor, como aparece en las redes sociales al grito de denuncia de vecinos.
La policía fue convertida en represora de la ciudadanía y cometiendo actos “vadálicos” que no tienen justificación que no sean las órdenes de autoridades coyunturales, actos que han conmovido a la opinión pública nacional. Según una toma de opinión a 1.000 personas en los 9 departamentos, el 61 % de los consultados, reprueba la detención del gobernador y lo califica como un acto de “persecución política a opositores” (Diagnosis -Brújula Digital). También 25 expresidentes de 12 países que conforman la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), condenan la persecución política del actual gobierno de Luis Arce Catacora con el encarcelamiento del gobernador cruceño (EL DIARIO de 31 de diciembre de 2022).
El Secretario General de las Nacionales Unidas, ha elevado su voz sugiriendo moderación al gobierno, así como el pronunciamiento de otras organizaciones internacionales que defienden la democracia y los Derechos Humanos y la Iglesia Católica boliviana. La violencia es un camino equivocado para buscar la paz social como obligación de los gobernantes, pues no se puede encarcelar a millones de ciudadanos que se movilizaron en Santa Cruz y otras ciudades del país en 2019 y ahora, acusadas de golpistas.
El autor es Abogado, Politólogo, Escritor y Docente universitario.