El 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos porque en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición para el disfrute de la vida.
La Constitución Política del Estado define en los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 20 los derechos fundamentales, y los artículos 13 IV “Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados Internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”. El Artículo 410 II expresa que “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país”.
Amnistía Internacional ha denunciado reiteradamente las violaciones a Derechos Humanos ocurridas tras las elecciones del 20 de octubre de 2019 en Bolivia, las que incluyen la represión a manifestaciones, con uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
La IMPUNIDAD por delitos violentos y violaciones a Derechos Humanos sigue siendo un problema grave en Bolivia. El uso extendido y arbitrario de la prisión preventiva atenta contra los derechos de los acusados y agrava la sobrepoblación carcelaria. El gobierno de Evo Morales arremetió reiteradamente contra los periodistas, acusándolos de difundir mentiras y de distorsionar la realidad con intenciones políticas. Pero los derechos más quebrantados son el acceso a la justicia, la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho al honor y otros.
El gobierno de Luis Arce está cumpliendo el mandato del Adendum del Alba en contra de los DDHH, cuyo punto 1.4. Por la Fuerza aun sin Razón, expresa: “La fuerza de la victoria es la política, la violencia debe ser nuestro principio. El engaño y la hipocresía son las reglas de oro de aquellos gobiernos que no quieran caer ante un nuevo poder. No nos detendremos innecesariamente ante la corrupción, la compra de conciencias, la impostura y la traición, porque con ellas servimos a la causa, En política no dudemos en confiscar la propiedad, si de este modo podemos lograr sumisión y poder”.
Arce cumple en el engaño, nos engañaron con respecto al Censo, con el Presupuesto General del Estado, que es prebendal, por la entrega de recursos a empresas deficitarias y usurpando las competencias de las Gobernaciones y las Alcaldías, pues sus “obras” realiza, en campaña electoral permanente, a costa de las y los bolivianos que aportamos con nuestro trabajo al pagar impuestos. Con hipocresía sus ministros repiten ese engaño al ser aplaudidos por los legisladores oficialistas. La corrupción es generalizada, especialmente en ABC, con pruebas contundentes de corrupción, desde el Presidente de esa institución, con la justicia cooptada que archiva obrados, con la compra de conciencias, con violencia ejercida por la policía, incluso a un bebé en cuna, cerrando con broche de oro la represión con el envío de militantes a las propiedades de Santa Cruz, Beni y Pando para el avasallamiento, con muerte, a tierras productivas, poniendo en riesgo la SEGURIDAD ALIMENTARIA, ya que esos hechos violentos tendrán graves consecuencias, como la escasez de alimentos y la posible inflación.
Exigimos a Luis Arce el respeto a los Derechos Humanos y que atienda las recomendaciones que hacen organismos internacionales, por denuncias de personas que recurren a estas instancias al ver con impotencia que el Gobierno boliviano NO cumple las recomendaciones para acabar con violaciones a los DDHH.
Angélica Siles Parrado, Abogada, Economista, ex Asambleísta Constituyente.