La Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo) solicita a la Gobernación de Santa Cruz asumir acciones de defensa contra avasallamientos, en el marco de sus atribuciones constitucionales, para proteger al sector agropecuario, los territorios indígenas titulados y precautelar los recursos naturales del departamento, ante la indefensión de parte del INRA, el Ministerio Publico y el órgano judicial, según el pronunciamiento de la entidad agrícola.
La organización expresó su repudio a la toma de tierras públicas y privadas en el territorio nacional, cuyos principales afectados son los productores de alimentos, que se sienten en la más absoluta indefensión.
Aseguran que la institución brindará todo el apoyo necesario a sus productores asociados, que son amenazados o afectados por los “toma tierras”.
En los últimos días nuevamente la población cruceña y boliviana, ha visto repetirse acciones delincuenciales, que nos recuerdan la impunidad de la que gozan los avasalladores de tierras públicas y privadas.
Al avasallamiento se suman, extorsiones, amenazas, robos, destrucción de maquinaria, quema de cortinas rompe viento y bosques, lesiones, secuestros, intentos de asesinato, asociación delictuosa, terrorismo; es decir diversos actos ilícitos, qué por la inacción, o acción tardía de las autoridades llamadas por ley, incentivan la comisión de estos delitos.
Por ello Anapo sostiene que en esas condiciones se hace imposible invertir y contratar trabajadores, puesto que, junto al avasallamiento, los perpetradores queman infraestructura productiva, roban insumos, además de amedrentar, secuestrar y golpear a los propietarios, sus familias y los trabajadores.
Por ello, solicitan a la máxima autoridad del Servicio Boliviano de Reforma Agraria, el Presidente del Estado, implementar medidas que sancionen efectivamente el avasallamiento y que la información del saneamiento, distribución y existencia de tierras fiscales, sea difundido a través de las comisiones agrarias nacional y departamentales.
Así como sostienen que la Policía Boliviana debe cumplir con su rol constitucional de precautelar el orden público y proteger a la sociedad civil.