La justicia boliviana con cierto predicamento ha quedado muy rezagada en el tiempo y la promoción de magistrados por elección popular es portadora de la desconfianza y falta de credibilidad general sobre la Justicia. En resumidas cuentas y con el procedimiento vigente, el tinglado judicial del país es una dependencia del partido oficial y del gobierno. A esta conclusión lleva el mecanismo de preselección y la consiguiente propuesta de candidatos para someterlos a elección popular. La Constitución prescribe la selección de candidatos a magistrados por dos tercios de los asambleístas. Esta proporción numérica detentó el MAS para la conformación de los actuales niveles judiciales. Veremos cómo evoluciona la designación el 2024 sin los dos tercios oficialistas. Sin embargo, se vislumbraba idéntico empantanamiento en la elección del Defensor del Pueblo, lo que por mucho tiempo ocurrió, hasta antes de esa designación.
El surrealismo de este modus operandi de conformación judicial, es único al presente en el mundo. Prescinde de la participación de los sectores relacionados y afines al quehacer jurídico como no sucede en ámbito internacional. Esta participación tiene por objetivo una cualificación idónea de este Órgano del Estado, del cual depende en gran medida la paz social. En suma, no se miente si se asegura que el plantel judicial deviene absolutamente dependiente del poder. En estos términos, su independencia y autonomía son una quimera.
No existe punto de comparación con la Justicia de Colombia, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina, con la que tenemos nosotros. Por su parte, el Perú testimonia una Justicia que no se arredra ante los otros poderes del Estado. Los allanamientos al palacio de Gobierno y a la casa presidencial son elocuentes. En Centro América brillan Costa Rica y Panamá. Son países respetuosos de la institucionalidad con la cual se maneja el orden judicial, en unos más que en otros. Ese estatus lo hace invulnerable a la manipulación política, a salvo de convertirse en brazo represor de los gobiernos.
Una prueba es que en Buenos Aires, la muy poderosa vicepresidenta es procesada por la Justicia. En los indicados países, ningún gobernante y ex gobernante está lejos de sentarse en el banquillo de los acusados. Aquí no hay fiscal ni juez que se anime a algo parecido. Se iniciaron procesos al ex presidente Morales y varios de sus ministros –motivos no faltaban como no faltan– si bien cumplían orden “superior”. El personaje empleó mayor tiempo en desembarcar que jueces y fiscales en anular lo obrado. Con esta volatilidad tornadiza es imposible hablar de justicia
Un analista de estos temas apunta que la educación contribuiría mucho al perfeccionamiento de los tribunales y de la conducta ciudadana y otro señala la falta de ética. Sin duda, educación y ética son dos pilares importantes. A éstos se debe añadir el plano psicosocial que tanto influye en nuestra idiosincrasia. Ésta, en gran medida, se origina y anida en la célula vital de la sociedad, en los hogares, por la ausencia de valores conductuales. Poseemos el síndrome psicosocial del ganador, nos impele el capricho, el ser siempre vencedores, si es necesario doblegando al administrador de justicia por el dinero, por la presión o por la intimidación. Este complejo del invicto vencedor enrarece la vida nacional y la fuerza de la costumbre lo arraiga. Hay sectores sociales en los que este síndrome se exacerba, mientras en otros aún prima cierto grado de cordura y sensatez.
En ese camino tan deleznable, holísticamente no se respeta la legalidad, el derecho ajeno, lo justo y hasta a la verdad. El móvil de este lastre social es, entre otros, la codicia, el amor a la riqueza. No es raro que rindamos una especie de culto al “vivo”, al pícaro, al transgresor. Los gobernantes y funcionarios inescrupulosos están al acecho de enriquecerse a costa del Estado, de los recursos públicos. Jueces y fiscales ven en los litigantes el cebo de su codicia, aunque hay honrosas excepciones.
Esta realidad trasciende al exterior y una justicia deteriorada no ofrece seguridad jurídica, no hay Estado de derecho, privando al país de capitales frescos, de inversión, saliendo a flote el balance “riesgo país”. Peor aún en circunstancias de falta de trabajo, de informalidad, que ronda poco menos del 80% y cuando la deuda pública crece. La verdad como las cirugías duelen, pero “quien te ama, te hará llorar”.
loza_hernan1939@hotmail.com