En el largo gobierno del dirigente de los cocaleros del Chapare, estuvo como Ministra de Planeamiento la destacada profesional Viviana Caro, que según me relató una de persona allegada a la entonces ministra, una persona de origen asiático pidió una entrevista con la autoridad ministerial y al ser requerida por el motivo de su visita, ésta dijo que quería ver a la autoridad, pues estaba dispuesta a pagar el 15% sobre obras. La oficina de apoyo al despacho ministerial hizo pasar a la visitante, quien al poco rato fue echada del despacho de la ministra.
Este hecho nos lleva a reflexionar sobre por qué en el régimen populista que nos gobierna hace tres lustros, se ha otorgado millonarios contratos de obras a empresas chinas, algunas de ellas por más tres mil millones de dólares, contratos que desataron escándalos como el de CAMCE-ZAPATA, en el que una joven mujer que estuvo vinculada sentimentalmente al ex presidente Morales, desempeñaba labores importantes en esa empresa china, que se había beneficiado con importantes contratos con el Estado. La función de la joven Zapata era precisamente de relacionamiento con autoridades de gobierno.
Como sucede con muchas conductas en nuestro país, se dio como normal el hecho de que en la adjudicación de las obras públicas, se debía sumir en los costos un 10% de “gastos no previstos”, es decir, el monto que se debía pagar a las autoridades adjudicantes de un proyecto. Pero debido seguramente al congelamiento del valor de dólares americanos, este costo habría subido al 15% y como parece que las empresas chinas son muy dúctiles para lograr contratos, fueron estas empresas las más beneficiadas con todo tipo de obras. Una empresa china abandonó las obras de construcción de una carretera, otras obras han sido sobredimensionadas (ingenio azucarero de San Buenaventura) y casi todas con sobreprecios.
Hace unos días se ha conocido que una empresa que se adjudicó una obra vial en Chuquisaca, bajo responsabilidad de la ABC, habría pagado un adelanto de “coima” que fue cobrado de un banco, por el costo de la obra la “comisión” resulta también elevada. Las autoridades responsables de obras públicas, como el ministro del área y el presidente de la ABC, han deslindado responsabilidades, pero sabemos que por los elevados montos de “comisión”, éstas llegan a las altas autoridades, que son las que firman los contratos y aprueban las contrataciones, pues sabemos que las altas autoridades están informadas de todo cuanto pasa en su áreas de competencia y si no lo supieran, serían responsables de incumplimiento de deberes.
Sabemos los bolivianos, que estas “comisiones” suelen llegar hasta la misma plaza Murillo, donde el gobernante de turno, en una suerte de “honradez”, suele disponer que esos dineros sean depositados en la cuenta del partido, cuando como sentenció el gran Franz Tamayo: “en nuestro país, el partido es el presidente de la nación, y la nación es su partido”.
En las encuestas internacionales que miden la “corrupción”, nuestro país está a la cabeza, luego de Venezuela. Así en un informe de Transparencia Internacional en el año 2019, en Sudamérica el índice de corrupción entre 12 países de la región nos ubicó entre los tres más corruptos, junto a Paraguay y Venezuela. En cuanto a la medición de la calidad judicial en 11 países de la región en 2019, nos ubica en el último lugar (no se toma en cuenta a Venezuela).
En estos días en nuestro país, la corrupción parece que nos ahoga, pues a diario se hace un escándalo sobre actos de corrupción en el sector público oficialista o las instancias regionales o locales que administra la oposición, con gran despliegue de declaraciones de unos y otros, que lamentablemente debido a la ausencia de un Órgano Judicial independiente, quedan en la duda o en nada, con excepción de que sea un caso de interés partidario oficialista, en que prontamente encarcela a los supuestos culpables, antes que sean debidamente juzgados.
Cuando una sociedad vive en medio de un cuadro de descomposición social, debido a la desinstitucionalización y corrupción, se afecta gravemente a las garantías constitucionales, los derechos humanos, la paz social y un desarrollo humano aceptable.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.