Sentencia judicial en contra de leyes y sentido de justicia

Indignación en la población ha producido la sentencia del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz contra generales de la Policía y otros funcionarios; sentencia debida a la “represión a la marcha indígena de Chaparina contra tres exgenerales de la Policía en un proceso que nunca incluyó al exministro de Gobierno, Sacha Llorenti”. Las informaciones sobre este caso son claras y terminantes; muestran cómo el exministro tuvo decisión y acción terminante para “la intervención de la marcha indígena en Chaparina, cerca de Yucumo”, según aclaraciones de la Policía que señala: “En 2014, la Fiscalía Departamental de La Paz ratificó la Resolución 01-2012 de los fiscales José Ponce y Patricia Santos para excluir de las investigaciones a Llorenti de forma permanente e inapelable”.
Lo ocurrido en Chaparina lastimó al país; por diversos comentarios, puesto que las diferentes regiones mostraron su indignación y, ante la extrañeza general, no hubo las reacciones debidas por parte del gobierno que permitió que el exministro resulte totalmente inocente de los hechos. Pero en la concepción de los sucesos, disposiciones y órdenes dadas, habría tenido directa responsabilidad el exministro. Este hecho, en el sentir de la colectividad, no puede tener justificación alguna y menos ahora que se presenta la condena a generales de la Policía y a otras personas que no tienen culpa. El caso ha provocado indignación en la población, que ahora esperaría las rectificaciones del caso. Con seguridad, los diversos códigos deben consignar qué medidas se debe adoptar ante situación tan anómala, indigna y arbitraria del Tribunal.
Lo ocurrido en Chaparina ha provocado justa indignación en el país y el gobierno se ha marginado del caso, ignorando la liberación de toda culpa a quien, inclusive por confesión propia, ha intervenido en los hechos violentos en contra de campesinos. El pueblo, con justa razón, esperaría las consiguientes rectificaciones por parte de quienes dictaron la arbitraria disposición. Por supuesto, también espera las debidas reacciones del gobierno y de todos los organismos que tengan que ver con el caso que ha causado indignación, inclusive en países que se enteraron del hecho tan lamentable y condenable.
Es necesario que estas arbitrariedades no se repitan más, porque en ello va inclusive el prestigio y dignidad del país, que no debe estar a expensas de quienes manejan arbitrariamente los códigos legales y sientan experiencias que la nación debe pagar en lo interno y externo.
Este caso que implica manejo discrecional e injusto de las disposiciones legales, no puede quedar sin las rectificaciones debidas, mucho más si se tiene en cuenta que toda la nación ha condenado drásticamente lo ocurrido en Chaparina, que ha afectado al país no solo en su moral sino en su prestigio internacional. El gobierno que efectivamente busca que la ley se imponga en todo, debe proceder a rectificar lo mal hecho, lo arbitrario y ajeno a toda legalidad.