No se conoce a cabalidad las condiciones del contrato de compra de los radares, una inversión sin beneficios para el Estado, cuyo objeto era proporcionar seguridad en el espacio aéreo, combatir al narcotráfico y garantizar la seguridad de las operaciones aéreas comerciales. En total fueron comprados 13 radares, de los cuales 9 son primarios, de uso militar para preservar la soberanía nacional y 4 son secundarios, para el control del tránsito aéreo comercial; de los cuales fueron previstos dos radares móviles para cubrir zonas de difícil transitabilidad.
Para el funcionamiento de los radares se organizó una estructura, integrada por civiles y militares, que es la siguiente: Un Comando Operacional de Defensa Aérea (COSDEA), con sede en la ciudad de la Paz, operado por la FAB. Asimismo, se organizó un Sistema Integrado de Tránsito y Control Aéreo (SIDACTA), dependiente del COSDEA, que opera en la ciudad de Cochabamba. Y, finalmente, un Centro de Información y Control (CIC) que actualmente funciona con algunas consolas para la recepción y almacenamiento de datos. Toda una impresionante estructura, pero que solo existe en CUADROS.
El Gobierno de Evo Morales cometió errores que se subsumen en delitos en la adquisición de estos radares, como ser: 1) Error al conformar un equipo de políticos sin experiencia y allegados al Ministerio de la Presidencia para la adquisición de radares. 2) Error de orden presupuestario, al no tomar en cuenta los costos de la implementación y montaje de los equipos y radares en los puntos estratégicos del país, con la respectiva infraestructura y personal capacitado de planta. 3) Error de orden logístico, porque no previeron antes de la adquisición, el material de vuelo y aeronaves de interceptación, tripulación, así como energía autónoma para el funcionamiento de los radares.
Y no tomaron en cuenta los siguientes elementos de rigor: a) La capacitación de los operadores (los técnicos franceses capacitaron personal, algunos se jubilaron, incluso otros fueron cesados de sus funciones. b) La construcción de infraestructura para el personal y los equipos, como galpones, hangares, oficinas, depósitos de materiales, barreras de seguridad para las antenas, paneles de control y otros. c) Contrato de personal para asegurar que el sistema funcione las 24 horas del día, durante todo el año, sin pausa, con un mínimo de 600 personas, entre civiles y militares. d) Presupuesto para el pago de salarios y consumo de energía permanente. e) Adquisición de aviones de interceptación aérea, similares a los súper “Tucanos” del Brasil.
De manera tal que a las mencionadas falencias e incapacidad actual del gobierno se suma la falta de interés, para no implementar este sistema de control aéreo, por cuanto de ello depende la interdicción al narcotráfico, situación que tampoco les conviene a los cocaleros liderados por Evo Morales, porque el 95 por ciento de la hoja de coca ingresa a la factoría de drogas, (cocaína, clorhidrato de cocaína y pasta base). Mientras tanto, se mantendrá la intensidad del narcotráfico sobre el espacio aéreo boliviano, principalmente sobre la franja delimitada por el sudeste boliviano y el noroeste paraguayo, por cuanto son los dos únicos Estados de la región sudamericana que no cuentan con el sistema SIDACTA de control del tránsito aéreo.
A seis años sin implementar este sistema, se percibe negligencia que amerita ser investigada para someter a proceso a los responsables de un proyecto incompleto y mal diseñado por el gobierno de Evo, dándole importancia al negociado, antes que al asesoramiento técnico de las FFAA. Y, finalmente, queda claro que el Gobierno actual no tiene capacidad ni poder de decisión para poner en funcionamiento todos los radares en el país, mientras la DGAC y NAABOL siguen firmes al servicio del jefe y el partido.
El autor es abogado, Cnel. (SP), profesor universitario.