El deterioro de los indicadores socioeconómicos no es un concepto abstracto de la macroeconomía ni una simple cifra en un informe estadístico; tiene el rostro vulnerable de las niñas y niños bolivianos. El encarecimiento de la canasta familiar y la disminución de ingresos en las zonas periurbanas y rurales han vuelto a poner sobre la mesa una crisis que amenaza con revertir años de avances: la malnutrición en la primera infancia.
Caminar por las laderas, las comunidades periurbanas o los mercados populares de nuestras ciudades expone una realidad apremiante. Es habitual observar postales cotidianas que retratan este flagelo: la mirada cansada de madres que intentan estirar el gasto diario, o la imagen de niñas pequeñas de estatura visiblemente menor a su edad cronológica —evidencia indiscutible de la desnutrición crónica— acompañando la jornada laboral de sus padres sin la energía o el dinamismo propios de la niñez.
El problema no radica únicamente en la falta momentánea de alimento, sino en sus secuelas irreversibles. Los primeros 1.000 días de vida definen la arquitectura cerebral, la capacidad de aprendizaje y la resistencia a enfermedades para el resto de la existencia de un ser humano. Cuando una familia se ve obligada a sustituir proteínas, lácteos y micronutrientes por carbohidratos de bajo valor nutricional, lo que se restringe no es solo la comida del día, sino el futuro intelectual y productivo del país.
Ante este panorama, resulta indispensable el diseño e implementación urgente de un programa nacional integral de apoyo alimentario y protección social enfocado en las familias de menores recursos. Este mecanismo no debe ser concebido como un paliativo asistencialista o una medida coyuntural, sino como una política de Estado prioritaria.
Un programa de esta envergadura debe articular tres pilares esenciales:
– Complementación nutricional directa: Garantizar el acceso continuo a alimentos fortificados, leche y suplementos de micronutrientes para mujeres gestantes y menores de cinco años en municipios y zonas de alta vulnerabilidad.
– Transferencias condicionadas y monitoreo de salud: Vincular el apoyo económico a controles médicos periódicos para evaluar el crecimiento, peso y desarrollo motriz y cognitivo de los menores.
– Soberanía alimentaria comunitaria: Promover capacitaciones en nutrición y huertos familiares que aseguren sostenibilidad alimentaria en las zonas rurales y periféricas.
La lucha contra la desnutrición infantil exige dejar de lado la retórica y las disputas partidarias. Salvar el desarrollo físico y cerebral de nuestras niñas y niños es la inversión más urgente e impostergable que Bolivia debe asumir. Continuar postergando la atención a este sector vulnerable equivale a resignar el capital humano de las próximas generaciones.
El autor es periodista.