La Diosa Themis de la Justicia está representada por una mujer que en una mano sostiene una balanza y en la otra una espada, pero que tiene los ojos tapados por un paño, lo que representa que en la balanza están los antecedentes del caso que juzga y la espada con la que hará cumplir la ley. Pero la venda de los ojos es para que no pueda ver a quién juzga, pues ella imparte justicia a todos por igual, sin ver de quien se trata, si del rico o del pobre, del bello o del feo. Es la representación de la justicia en la antigüedad clásica.
En nuestro país la realidad de la justicia es otra, pues los administradores de justicia no la imparten por igual a unos y otros, sino que hacen diferencias de orden político, es decir que juzgan en función no de la aplicación estricta de la ley, como debiera ser, sino de las preferencias del poder político y económico.
Precisamente para garantizar la administración justa de la ley, el sistema de gobierno liberal o de las libertades tomó de la antigüedad griega sus enseñanzas y la plasmó en la teoría de la separación e independencia de los poderes, en especial de la justicia. Por ello, el barón Charles de Montesquieu en su tratado “El Espíritu de las Leyes” dice: “Si un órgano detenta el legislativo y ejecutivo a la vez, no hay libertad; si detenta el ejecutivo, o el legislativo y el judicial, hay menos libertad, pero si concentra los tres poderes, la libertad es inexistente”.
La teoría de la separación e independencia de los órganos o poderes del Estado es uno de los principios del sistema democrático, pues los tres órganos o poderes deben estar en un mismo nivel de igualdad y entre ellos se fiscalizan y controlan, de tal manera de establecer lo que se ha dado en denominar el sistema de “frenos y balanzas”, para resguardar las libertades y derechos ciudadanos y evitar la hegemonía del poder.
De los órganos o poderes, es el Judicial el que no solo debe resolver las controversias entre los ciudadanos o con el Estado como persona jurídica, sino que es un órgano que tiene también por finalidad tutelar los derechos de los individuos, entre las decisiones de otros órganos, para ello se tiene constitucionalmente varios recursos, como el de nulidad contra las leyes que afectan a su vez otras disposiciones, en especial la Constitución Política y para ello se ha creado una instancia constitucional. El Órgano Judicial también debe conocer y resolver los amparos contra los abusos de poder, pues no olvidemos la sentencia que dice: “El que tiene poder tiende a hacer uso y abuso del mismo”.
La doctrina nos enseña que la independencia de los órganos o poderes del Estado es un aspecto fundamental de la democracia, ya que, si no se da esa situación, no se puede hablar de un régimen democrático, pues son los gobiernos autoritarios los que tienden a controlar todos los órganos para someterlos a sus dictados, de tal manera que sólo la independencia de los órganos de poder del Estado puede limitar los excesos y garantizar los derechos ciudadanos.
Las críticas de la opinión pública boliviana al desenvolvimiento del órgano Judicial, debido a su excesiva dependencia del poder político y ausencia de independencia, nos ha llevado a un estado de postración judicial y pérdida casi absoluta de credibilidad. Y prueba de ello son los recientes casos de atropello a derechos ciudadanos, como el de las “Londras” en Santa Cruz, donde un grupo, de alrededor de 70 individuos, arremetió con violencia y armas contra una comisión conformada por periodistas, policías y civiles, que pretendía verificar la toma de tierras de propiedad privada. Pero en varios meses apenas se detuvo a dos individuos, los que fueron puestos en libertad pese las pruebas. Y está el bochornoso caso de corrupción en la Gobernación de Potosí por la compra fraudulenta de 41 ambulancias, en el que la autoridad del Ministerio Público en sus conclusiones exoneró de toda culpa y responsabilidad al Gobernador de filiación partidista oficialista, entre algunos casos.
Cuando se trata de casos judiciales de individuos considerados de oposición o críticos al régimen de gobierno, los órganos de justicia emiten sus fallos y conclusiones rápidamente, determinando la detención preventiva de los acusados, la incautación de sus bienes y otras medidas, lo que importa que para unos la justicia es severa y para otros impune.
Nos preguntamos: ¿Ha producido más daño la compra de ambulancias irregularmente con un costo de 20 millones o el pintarrajeado de los muros de las oficinas de la Fiscalía General en Sucre por un grupo de jóvenes cochabambinos contestatarios al régimen, que fueron encarcelados y se pidió para ellos 20 años de cárcel?
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.