No se debe cargar delitos y culpas de otros

Que la Dra. Jeanine Añez haya cumplido el mandato constitucional de asumir la Presidencia de la República, luego de la renuncia y huida del país del expresidente Evo Morales, ha sido argumento para apresarla y luego, en días pasados, condenarla a 10 años de cárcel. Tal hecho ha mostrado que hoy el país vive en condición ilegal, porque, si no es legal y constitucional el comportamiento del gobierno asumido en 2020 por la Sra. Añez, daría lugar a que cualquier sucesión sea ilegal y el Lic. Luis Arce Catacora estaría en esa condición. Pero, como parece que es necesario condenar a la exmandataria Añez, se asume que lo hubiese hecho en condiciones y formas nada legales. Ante situación tan especial, ni el masismo ni el gobierno Arce ni el Poder Legislativo se han dado cuenta que ellos han cometido el mismo delito o falta.
Nada justifica, pues, adjudicar delitos a quien no los cometió y solo para “justificar” lo que se hizo, aun sea contrario a la Carta Magna y a todas las disposiciones legales. Legalmente se podría afirmar que el país se encuentra en “situación interdicta”; es decir, ilegal, contraria a la Ley de Leyes y lo que corresponde es reconocer que se está como gobierno de facto o ilegal, violador y conculcador de leyes y que todos los que trabajan con él o en nombre de él están en falta, sin capacidad moral para juzgar y menos condenar.
Es muy importante que al ser reconocida la situación en que se está y que es de “absoluta ilegalidad”, correspondería derogar o abrogar la ley condenatoria a la Dra. Añez, declarar ilegal la década de prisión declarada contra ella. Y liberar de toda carga de culpabilidad al régimen Añez y también al régimen Arce.
El resentimiento y odios político-partidistas no pueden quedar en las nebulosas de las sospechas y acusaciones calumniosas por “conveniencias partidistas” que, en los hechos, significa lanzar un “boomerang” que, muy luego, se cargará sobre el mismo lanzador.
Tiene que ser muy bueno, honesto y responsable que la institucionalidad rija en todos los actos gubernamentales y evitar manipulación de las leyes tan solo por conveniencias e intereses político-partidistas, sabiendo cuánto daño se hace y cuánto rebota. Los delitos o faltas cometidos por un régimen o por su partido o tratando de justificarse con que es “en beneficio y por urgencias del país” no son válidos; son ilegales y contrarios a todo y a todos; no deben ser enrostrados a otros, aun sabiendo que en el plazo inmediato cambiarán de rumbo hacia uno mismo, causando daño y descrédito.
Ante situación semejante, corresponde decir: “No hagas daño a otros aun sabiendo que todo el mal que causes caerá sobre ti”.