Cada cierto tiempo, organizaciones nacionales e internacionales que agrupan a medios de comunicación informan en torno a las condiciones en las cuales periodistas se desempeñan en varios países. Al respecto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), luego de su reunión semestral, señaló que en el continente americano aumentan los riesgos para las libertades de expresión y de prensa, debido a que en varios países en procesos electorales, políticos y autoridades reaccionan con intolerancia frente a la prensa. En los últimos seis meses en países de Centroamérica y Sudamérica siete periodistas fueron asesinados, cuatro están encarcelados y otros fueron secuestrados. En Nicaragua, el gobierno “ha desmantelado a la prensa independiente”.
Según la SIP, en varias naciones el acoso judicial es utilizado para acallar a la prensa, además que el narcotráfico también la ataca. En Cuba y Venezuela se persigue a los pocos periodistas que logran manifestarse y se aplica contra ciudadanos sanciones económicas, bloqueos de canales de expresión, estigmatizaciones y hostigamiento.
En Bolivia, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) señaló 75 agresiones contra periodistas y medios durante 2023. Recordemos los ataques a 11 periodistas durante protestas de mineros cooperativistas en La Paz y otras denuncias de hostigamiento o agresiones físicas por invasores de tierras. La violencia arrecia cuando se informa sobre extracción de oro, avasallamientos de terrenos y destrucción de bosques.
Asimismo, se recurre a jueces y fiscales para tratar de procesar a periodistas, a pesar de que su trabajo está regido por la Constitución, la Ley de Imprenta y tribunales de autorregulación. También son silenciados medios, como la radio independiente FM Bolivia, ubicada en los Yungas de La Paz, por la Autoridad de Telecomunicaciones (ATT), no obstante que aduce que fue por problemas técnicos.
Lo cierto es que los medios independientes que quedan en el país, son objeto de restricciones desde el año 2006, cuando el MAS llega al gobierno. Se trata de limitar la labor de esos medios mediante excesivo control tributario, amedrentamiento con procesos judiciales cuando la información no es favorable al oficialismo, etc. Lo contrario sucede con la prensa afín al gobierno de turno, la cual recibe profusa publicidad oficialista. Pero el dinero destinado a hacer propaganda sobre obras del gobierno pertenece a todos los bolivianos y debería ser objeto de una distribución equitativa. En vez de ello, portavoces del oficialismo, se dedican a desmerecer el desempeño de la prensa independiente y hasta recurren a mencionar encuestas poco serias que supuestamente respaldan lo que dicen.
La realidad es que la situación económica del país es delicada, pues bajan las reservas internacionales, escasean los dólares, suben los precios de alimentos, crece el desempleo, se ahonda la brecha entre los gobernantes que reciben jugosos sueldos y millones de bolivianos que sobreviven en condiciones cada vez peores. Pero en vez de hostigar a quienes informan sobre lo que pasa en el país, el gobierno de turno debería solucionar problemas, que es su función principal.