En el año 2020, la pandemia del covid-19 y los acontecimientos políticos de octubre de 2019 produjeron una caída del empleo a niveles alarmantes, pues las actividades económicas y sociales se paralizaron, por la larga cuarentena, y la cuasi paralización económica. Según un informe de la CEPAL y la OIT, la recuperación del empleo en Bolivia es muy lenta, y no se recupera a los niveles de antes de la pandemia (EL DIARIO, l8.06.2022).
El gobierno en su segunda versión del populismo-masista, en su constante y costosa propaganda, dice que el desempleo habría bajado de 12 % al 5 %, gracias a las políticas económicas de recuperación económica del gobierno y las inversiones públicas millonarias del Estado, lo que habría creado un millón de nuevas fuentes de empleo, cuando hemos visto que miles de actividades económicas han cerrado sus operaciones, asfixiadas, además, por la disposición gubernamental de aumento de salarios. Los más perjudicados fueron los ciudadanos que se dedican a la actividad económica considerada pequeña y familiar.
Hemos observado y comprobado que han desaparecido gran cantidad de agencias de viaje o turismo, el cierre de numerosos locales comerciales de venta de diversos productos, la actividad de la construcción también se ha constreñido, pues numerosos proyectos de construcción han sido cancelados, debido a la ausencia de compradores, prueba de ellos son los numerosos predios vacíos convertidos en estacionamientos o compra venta de vehículos.
La actividad productiva también se ha visto afectada, pues el valor del dólar subvaluado hace imposible competir con la producción extranjera, en especial de la China y de Brasil y Argentina, cuyos productos ingresan por importación o contrabando, debido a que nuestros vecinos han devaluado su moneda (Brasil) o la crisis de su economía abarata su producción (Argentina), pues hoy es más atractivo importar que producir, una muestra es que la crema Lechuga con la nos criamos desde niños, hoy es producida en Chile y las medias deportivas textilón son producidas en Ecuador.
El desempleo está invisibilizado con la actividad económica informal, que según estadísticas llegaría al 80% de la población económicamente activa, que ha envilecido el trabajo digno, pues este no tiene aguinaldo, seguro social de largo y corto plazo y es totalmente inestable, pues los ciudadanos cambian de actividad de acuerdo con las condiciones que se dan, de tal manera que una cosa es la ocupación y otra el empleo. Este debe ser de calidad, como sostiene la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y no una actividad para poder comer al día, es decir una actividad económica de subsistencia.
Miles de ciudadanos han sido desplazados de sus fuentes de trabajo a la actividad informal, que cada día tiene un crecimiento geométrico, en especial en los sectores jóvenes y profesionales, para quienes es muy difícil acceder a una actividad en su profesión. Conozco jóvenes arquitectos dedicados a la venta de productos de belleza, abogados vendiendo automóviles a porcentaje o abogadas dedicadas a la repostería. Además, los puestos públicos se han cerrado a los profesionales, y son ocupados por improvisados militantes del partido de gobierno, no importa si tienen o no conocimientos, prueba de ello es que un alto porcentaje de altos funcionarios de la administración del Estado, carecen de estudios académicos y científicos, con el resultado de una deficiente gestión pública.
Como consecuencia de la falta de empleo, la pobreza ha crecido, y una muestra para medirla es el Desarrollo Humano, que antes era estudiada por un programa de las Naciones Unidas, pero que a pedido del gobierno, ha sido liquidado. Los informes estadísticos de los organismos internacionales son sólo operaciones matemáticas de datos macroeconómicos proporcionados por los gobiernos, sobre inversiones públicas, asistencia de bonos y otras variables que no llegan al ciudadano.
Estuve los pasados días en Sucre y Potosí, y me sorprendí por la cantidad de niños indígenas que piden limosna en las calles y plazas, al igual que las mujeres potosinas en las urbes, cuando según el discurso político, el régimen de gobierno es de los indígenas.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.