Capacidad y honradez para alcanzar el desarrollo

Las experiencias vividas dan lugar a muchos temores por los cambios que sufren los procesos gubernamentales, que no siempre se ajustan a las urgencias del país y menos se cumplen las promesas de los procesos previos a cada elección nacional. Es entonces que empiezan las exigencias partidistas, surgen los intereses creados, se producen los hechos de corrupción, se establecen situaciones en que la nación es pospuesta por las conveniencias político-partidistas, y las autoridades deben ajustarse a exigencias casi siempre contrarias a los intereses del país, que llega a ocupar un sitio secundario en la atención de algunos funcionarios oficiales.
Lo más grave del problema radica en que reiteradas promesas de combatir la corrupción, el contrabando, así como acabar con la dejadez e ineficiencia burocrática se repiten y se continúa en la misma situación, o peor debido a que intereses y conveniencias han desalojado lo importante y necesario para atender todo lo que es necesario.
Una situación grave es determinada por los temores que abrigan las autoridades, por la posibilidad de perder la posición que tienen, la poca confianza en la propia seguridad gubernamental, ya que, empezando por sus más altos miembros, creen necesario cuidar y no tener que enfrentar exigencias hasta legislativas que debilitan y podrían llegar a situaciones que obliguen a defenestrar al Gobierno.
Ocurre muchas veces –especialmente en países muy pobres– que los mismos gobiernos se encargan de debilitar sus posiciones, rebajar su estabilidad y perder capacidad para concebir y realizar obras de sus programas. Todo ello determina pérdida de autoridad ante los subalternos, que caen en el pozo de la ineptitud, hasta llegar a la corrupción que, finalmente, resulta ser causante para que sea calificado el régimen como inepto, débil y carente de capacidad para conducir los asuntos del Estado.
Las situaciones que impliquen desprestigio del régimen y disminución de su capacidad para gobernar y conducir los negocios del país son factores determinantes para que la población juzgue contraria e ilegalmente lo que pasa con el Gobierno. Son, pues, las propias autoridades las que deben velar por su fortaleza y tranquilidad, si no quieren caer en el desprestigio señalado por quienes las pueden calificar de actuar con mucha debilidad y en contra del bien común.