viernes, mayo 3, 2024
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Suman instancias internacionales que cuestionan sentencia contra Añez

La Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea, Human Rights Watch (HRW), Reino Unido y otros, expresaron su preocupación por el procedimiento desarrollado en un tribunal ordinario que sentenció a 10 años de privación de libertad a la expresidenta Jeanine Añez.
El pasado 17 de junio, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), a través de un comunicado, observó el tipo penal de incumplimiento de deberes, por ser excesivamente amplio y ambiguo; el uso excesivo de la detención preventiva; las audiencias virtuales que tuvieron un impacto en los principios de publicidad e inmediación; el juicio en rebeldía para exjefes militares y policiales: la falta de acceso a la prueba testifical y la falta de un equilibrio procesal, ya que hubo cuatro acusadores del Estado contra Añez.
A través de un comunicado, la Cancillería del Reino Unido hizo conocer ayer su preocupación por la forma en la que se condujo el juicio “golpe de Estado II” en contra de la expresidenta.
“Compartimos las preocupaciones procedimentales señaladas por la Oacnudh respecto a la forma en que se condujo este juicio. También compartimos las preocupaciones del Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, sobre la posible intervención política en el proceso judicial”, señala parte del comunicado que fue hecho conocer desde la Cancillería del Reino Unido.
El Reino Unido dijo que acoge el continuo compromiso de la Oacnudh con la agenda de derechos humanos en Bolivia, al igual que su declaración sobre la necesidad de una amplia reforma del sistema de justicia en Bolivia. “Alentamos al gobierno boliviano a encarar de buena fe una reforma judicial sustancial”, añadió.
El alto representante de la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, criticó el domingo la falta de respeto al debido proceso en el juicio en el que la expresidenta de Bolivia Jeanine Añez ha sido condenada a 10 años de prisión en el caso conocido como ‘golpe de Estado II’.
Human Rights Watch (HRW) se adhirió al pronunciamiento que sacó el viernes la Oacnudh, señalando seis observaciones al proceso contra la exmandataria transitoria.
“La Oacnudh ha realizado una labor muy importante al acompañar como observadores independientes el proceso judicial contra la expresidenta interina Jeanine Añez. Compartimos sus preocupaciones sobre cómo se condujo el proceso”, escribió en Twitter César Muñoz, investigador sénior para las Américas de HRW.
El relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, cuestionó la sentencia dictada contra la expresidenta Jeanine Añez, de quien dijo tiene derecho a un juicio de responsabilidades; además, expresó su preocupación por una posible intervención política en este proceso.
“Un tribunal de La Paz condenó a la expresidenta Jeanine Añez a 10 años de prisión. Aún no se conoce el texto que sustenta la sentencia, pero tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la Presidencia, al margen de cómo surgió su mandato”, escribió el Relator de la ONU en su cuenta de Twitter, después de conocerse el veredicto de la sentencia que leyó el presidente del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz.
Asimismo, el jefe de división de las Américas del Departamento Federal de Relaciones Exteriores, escribió: “La Cancillería suiza tuvo conocimiento del análisis del #Oacdh en cuanto a la sentencia contra Jeanine Añez del 10 de junio. Compartimos los observaciones del #Oacdh e instamos a Bolivia a respetar sus obligaciones, también internacionales, en materia de debido proceso”, escribió en su cuenta de Twitter, Mirko Giulietti.
El pronunciamiento de las instancias internacionales se da después de que el 10 de junio, en un juicio ordinario, la expresidenta recibió una condena de 10 años por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes en el caso denominado golpe de Estado II, en medio de denuncias por atropellos y vulneraciones al debido proceso.

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