García-Sayán: “todas las personas tienen derecho a un juicio justo”

En su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, el relator especial de esa instancia, Diego García-Sayán, afirmó que “todos tienen un derecho a un juicio justo”, y advirtió que en Bolivia se hace abuso de la detención preventiva.
“Dicho caso (el de Jeanine Añez) pone de manifiesto temas estructurales de la administración de la justicia como la generalización de la detención preventiva. Todas las personas tienen derecho a un juicio justo y a las garantías judiciales de Ley, esto no puede tener ninguna excepción. Enfaticé que el Gobierno se encuentra en una posición de garante de las personas privadas de libertad y es el Estado que debe garantizar su salud”, manifestó el Relator.
El informe titulado: “Protección de los abogados contra las injerencias indebidas en el ejercicio libre e independiente de la abogacía”, García-Sayán dio 10 observaciones al sistema judicial boliviano. Entre las más importantes:
– Segunda observación: “La carrera judicial es débil, dada la alta proporción de jueces transitorios, así como regulaciones y prácticas que afectan principios básicos como la inamovilidad. Al momento de mi visita había 1.134 jueces en la jurisdicción ordinaria, el 47 % estaba desempeñando funciones de modo transitorio”.
– Tercera observación: el acceso a la justicia. Hay un gran rezago procesal en la jurisdicción ordinaria y su cobertura se limita esencialmente a áreas urbanas. Según diversas fuentes, la retardación de justicia se debe a códigos procesales de la justicia, modelos anacrónicos de gestión de tribunales, deficiente formación de jueces y fiscales, así como corrupción.
– Cuarta observación: la impunidad frente al delito es una indicación de la dificultad frente al acceso a la justicia. Los casos de feminicidios que continúan impunes, suscita indignación y preocupación en la sociedad, así los feminicidios solo un 31 % ha obtenido una sentencia.
– Sexta observación: detención preventiva, siete de cada 10 personas están privadas de libertad sin condena y en condiciones muy precarias en detención. Es muy grave también la tasa de hacinamiento penitenciario que es del 349 %.
Además, lamentó que las víctimas de los hechos sociopolíticos del 2019 de Senkata, Sacaba y de la zona Sur sigan esperando justicia. “Lamento que hayan pasado más de dos años esperando justicia”.
En su intervención a las observaciones, el ministro de Justicia, Iván Lima, que participó de la sesión virtual, aseguró que el Gobierno avanza en una reforma judicial desde la visita del Relator.
“En concreto se ha dado pasos tras la visita del relator, tenemos ya designado un viceministro de Justicia Indígena y coincidimos en la necesidad de ajustar la Ley 073 (de Deslinde Jurisdiccional) y todo el btrabajo que viene emprendiendo el Ministerio de Justicia para dar fortalecimiento a esta modalidad de justicia (indígena) en el país”, declaró la autoridad, en una transmisión de la estatal BTV.
“El trabajo de la transformación de la justicia parte de reconocer que en el país debemos mejorar la elección de las altas autoridades de la justicia, que tenemos que incrementar el presupuesto y lograr que la lucha contra la corrupción sea una constante”, sostuvo.
Entre tanto, el exviceministro de Autonomías, Hugo Siles, dijo que el informe que presentó García-Sayán ante el Consejo no “es de carácter vinculante”, sino que solo es un informe que considerará el Gobierno Boliviano. (Brújula Digital)