Una mujer que fue torturada por más de seis horas mientras conducía su vehículo en la carretera Potosí–La Paz, y que fue obligada a implorar por su vida mientras era apuntada con un arma, denunció que su caso fue admitido como violencia familiar, cuando existen pruebas suficientes que el delito es feminicidio en grado de tentativa.
Advirtió que el delito de violencia tiene una pena mínima, y de llegar a ser sentenciado, su agresor podría salir con perdón judicial, lo que pondría en riesgo su vida.
“Estoy desesperada, definitivamente cuando una trata de buscar justicia, porque su vida está en riesgo, se ve con muchas trabas como el maltrato que reciben de fiscales y de funcionarios de IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses), quienes parecieran que quieren que desistas de la denuncia”, lamentó en contacto con EL DIARIO.
La mujer, que por motivos comprensibles pidió mantener su nombre en reserva, aseguró que desde que inició el proceso hasta ahora, que se encuentra en la fase investigativa, debe dedicar varias horas del día a hacer seguimiento a su caso, y pese a ello muchas de las audiencias para la Inspección Técnica Ocular (ITO) y la ampliación de la detención preventiva fueron suspendidas, algunas porque el imputado se presentó sin abogado y otras atribuibles al cambio de fiscal.
“Es lamentable como te tratan, además de revictimizarte suspendiendo las audiencias, las autoridades velan más por los derechos de los agresores que los tuyos, por ejemplo, en la última ITO que se suspendió, la fiscal recibió en su oficina a mi agresor para que él le dé su versión y cuando yo quise hablar con ella para explicarle que uno de mis testigos para la ITO había llegado de Santa Cruz y pedirle que no suspenda la audiencia, ella me cerró la puerta y no quiso escucharme”, recordó.
Advirtió que si bien se logró enviar con detención preventiva a su agresor, este continúa con la violencia psicológica, ya que desde el penal envía un sinnúmero de fotografías de contenido pornográfico a personas de su entorno próximo, en un tono de advertencia.
“Una cree que está a salvo cuando denuncia y lo envía con detención a su agresor, la verdad ya no estoy segura de ello. Llevo casi cinco meses en la batalla, mi agresor está por terminar el plazo de detención preventiva y espero que le amplíen, esa audiencia debería efectuarse el anterior jueves pero se suspendió porque él no se pudo conectar desde San Pedro, se reprogramó para el 20 de abril, realmente espero que amplíen la detención, pero como está la justicia, una duda. Si él sale del penal querrá vengarse y seguramente engrosaría las estadísticas de feminicidio, Dios no lo permita”, dijo.
IDIF
La víctima manifestó que pasar por el IDIF fue uno de los episodios más dolorosos y vergonzosos que le tocó vivir ya que había una denotada falta de empatía de la profesional que la atendió. “Hasta ahora no puedo pasar por ese lugar sin llorar, fue como una pesadilla”, dijo.
Recordó que entró y sin ningún tipo de delicadeza la hicieron desnudar y empezar a medir los moretones que tenía en su cuerpo y cabeza.
Sus ojos estaban rojos porque los golpes habían logrado que las venas revienten, estaban totalmente morados e hinchados. Los brazos moreteados y con unas “bolitas” que hasta ahora no se van, tuvo una hemorragia que se prolongó por más de un mes, sus partes íntimas también estaban lesionadas porque su victimario la abusó sexualmente mientras conducía. Su cabeza fue suturada con cuatro puntos, porque la golpearon con su teléfono celular.
Hasta ahora la mujer no puede recibir si quiera el abrazo de sus seres queridos por el trauma que le dejó su agresor, que además la amenazaba con el arma apuntándola y realizando tiros al aire; todo el tiempo siente que alguien la vigila, no se anima a caminar sola en la calle, aun así, el IDIF le otorgó solo 10 de días de incapacidad y le programó una evaluación psicológica para el próximo julio.
ESTUDIOS CAROS
Para completar los exámenes médicos, la profesional del IDIF pidió a la víctima que se realice algunas valoraciones particulares. Por ello tuvo que sacarse una tomografía, cuyo costo es de Bs 500. Fue al traumatólogo donde la consulta es de Bs 200; la consulta ginecológica fue de Bs 200, le pidieron dos ecografías, cada una con un costo de Bs 250.
“Me han pedido también que vaya al oculista, él me pidió una tomografía que costaba a Bs 700, más la consulta de Bs 200; gasté 900; querían ver si había daño en el ojo. Me han pedido rayos x de mi mano que son Bs 220; me han pedido valoración psicológica y otros estudios particulares”, aseveró.
La víctima manifestó que pese a haber presentado esos estudios, que según los médicos demostraban la gravedad de su estado, la profesional del IDIF le dijo que con esos resultados no ameritaba incrementar ni un solo día de impedimento.
En ese marco, la mujer advirtió que la justicia es solo para aquellas personas que se dan la manera de pagar los gastos que demandan este tipo de procesos, desde los honorarios a los abogados hasta costear los exámenes médicos.
“Gasté todos los ahorros para pagar a los abogados, los exámenes médicos que me mandaron a hacer, hay que comprar desde las hojas para que los investigadores impriman el informe, es decir, si no tienes dinero, debes resignarte a vivir en medio de la violencia porque eso de la gratuidad de la justicia es solo en papeles, nada es gratis, los funcionarios son tan insensibles que pese a tener sus sueldos te piden Bs 20 hasta para las notificaciones virtuales”, advirtió.
PERICIAS
El abogado Marcio Ramos explicó a EL DIARIO que el IDIF debe designar un perito en pericia biológica para determinar los instrumentos utilizados para causarle daño a la víctima.
“Se debe determinar cuál o cuáles son las formas de culminación de las equimosis en las extremidades superiores e inferiores, las causas que determinaron el aumento de volumen en el rostro de la víctima, las causas de la herida de su cuero cabelludo y el objeto contundente utilizado o que sea computable para determinar este daño, entre otras, para que los resultados sustenten los días de incapacidad de la víctima”, explicó.
DATOS
De acuerdo con el estudio: “Los rostros de la violencia de género”, publicado a mediados de 2021, Bolivia ocupa el tercer lugar entre los países de América Latina y el Caribe con las tasas más altas de feminicidio: 2,3 por cada 100.000 mujeres, solo precedido por El Salvador y Trinidad y Tobago.
